Secretario General de la OEA ofrece apoyo para que Ecuador enfrente crecimiento de redes criminales
Ecuador atraviesa una situación compleja caracterizada por el crecimiento y extensión de redes criminales transnacionales, afirmó el lunes Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien ofreció cooperación para enfrentar ese desafío.
Ramdin dijo en la cancillería —durante una visita al país andino— que ante esa situación se requieren respuestas “sostenidas y coordinadas" y una "articulación efectiva entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional”.
Para ello, la OEA y Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento, que conducirá a nuevas negociaciones para acordar la cooperación en sistemas de inteligencia, control del tráfico ilícito de armas, prevención frente a la violencia, fortalecimiento del sistema penitenciario y ciberseguridad.
Desde inicios del 2021 Ecuador afronta una creciente ola de violencia propiciada por grupos criminales relacionados con los cárteles de narcotráfico de Colombia y México, con un importante aumento de delitos como muertes violentas, extorsión y secuestros.
Las muertes violentas llegaron a 8.248 en 2023 —cuando el país registró un récord—, a 7.063 en 2024 y a 6.020 en lo que va de este año, según estadísticas del ministerio del Interior.
Ramdin recordó que Ecuador es uno de los principales beneficiarios de la asistencia técnica de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, pero además abrió la posibilidad de que este país acceda a “la totalidad de los programas, proyectos de ese organismo y experiencia técnica con el objetivo prevenir el delito” y para perseguir “a las organizaciones criminales”.
En los últimos años, Ecuador se convirtió en territorio de almacenamiento y exportación de drogas, especialmente cocaína proveniente de Colombia y Perú, entre otras razones por los mínimos controles aéreos y marítimos que permitieron el paso de los narcóticos, según expertos.
Para enfrentar la violencia criminal, el presidente Daniel Noboa decretó a inicios de 2024 el estado de conflicto armado interno, lo que permitió la acción conjunta de militares y policías en el control de la seguridad en las calles y en las cárceles, escenario de frecuentes y violentos motines. Organismos de derechos humanos y de la oposición han denunciado el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.