Protestas en tres provincias en medio de paro indígena por suba de diésel en Ecuador
Cientos de estudiantes y sindicalistas marcharon el martes por el centro de la capital y protagonizaron incidentes y enfrentamientos con la policía en rechazo a la suba del diésel en medio de un paro nacional convocado por la mayor organización indígena del país andino.
Las autoridades confirmaron bloqueos temporales de algunas vías, entre ellas la Panamericana, en provincias como Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito, y Azuay. La policía y militares han estado despejando las vías tras roces con quienes protestan. También se registraron protestas en la ciudad de Cuenca, 310 kilómetros al sur de Quito.
El gobierno no ha confirmado el saldo de detenidos y heridos tras dos días de protestas, pero el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que después de las manifestaciones del lunes un total 44 personas fueron detenidas, dos de ellos identificados como extranjeros.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas — que llamó al paro nacional — dijo que las detenciones de manifestantes “es una grave violación a los derechos humanos" y advirtió que “aquí estamos y aquí nos verán en las calles resistiendo”.
Al final de la tarde del lunes, unos 1.000 manifestantes atacaron y destruyeron un cuartel de policía, además se sustrajeron cuatro motos e incendiaron varios vehículos de los uniformados, en el hecho más violento de las protestas.
Ante ello, el presidente Daniel Noboa, dijo que “antes de retroceder (en la decisión de suba del diésel) prefiero morir”, al tiempo que criticó la violencia en las protestas aduciendo que “no es lucha, no es protesta", sino vandalismo, lo que — advirtió — será denunciado ante la justicia.
Las protestas iniciaron después que el 12 de septiembre el mandatario dispuso la eliminación del subsidio estatal de 1.100 millones de dólares al diésel, lo que incrementó el valor del combustible de 1,80 a 2,80 dólares cada galón, generando el rechazo de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales e indígenas. El gobierno respondió decretando un estado de excepción en los sitios de conflicto.