Presidente de Guatemala designa a 2 mujeres para integrar la Corte de Constitucionalidad

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó a dos abogadas como magistradas a la Corte de Constitucionalidad, con lo que queda integrado el alto tribunal para los próximos cinco años.

En un mensaje a la nación el miércoles por la noche, el mandatario dijo que eligió, en consejo de ministros, a las abogadas Gladys Annabellla Morfin, exprocuradora general de la nación, y a la abogada maya kaqchikel María Magdalena Jocholá, académica y con experiencia en temas de pueblos indígenas, para integrar la Corte.

Morfín, de 75 años, será la próxima presidenta de la CC, que se preside por un año y por orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Cuenta con 10 magistrados, de los cuales cinco son titulares y otros cinco suplentes.

La Corte de Constitucionalidad es una de las cinco instancias del país que renuevan dirección este año. Otras que renuevan son la Fiscalía General; el Tribunal Supremo Electoral —que cuenta con cinco jueces titulares y cinco suplentes—; el jefe de la Contraloría General de Cuentas, y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La CC es el tribunal de última instancia en el país y sus decisiones son inapelables. No está sujeta a un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron electos por el Colegio de Abogados como magistrada titular y suplente, mientras que la USAC designó como magistrada titular a Julia Marisol Rivera, y a José Luis Aguirre para que sea suplente.

La designación por parte del Congreso del magistrado titular Roberto Molina Barreto y su suplente Luis Rosales Marroquín, así como la de la Corte Suprema de Justicia con la titular Dina Ochoa y la suplente Claudia Paniagua, fueron duramente criticadas debido a que esos funcionarios elegidos han emitido fallos que han beneficiado a narcotraficantes, pandilleros y militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y de corrupción.

En las elecciones del Congreso, algunos diputados denunciaron que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, pidió a congresistas apoyar a Molina Barreto, lo que hizo que Arévalo consultara a Washington sobre esa situación.

La actual CC ha sido cuestionada por varios de sus fallos, entre ellos uno de abril de 2024 en el que confirmó la libertad del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), declarado culpable de corrupción en dos procesos distintos, uno de ellos por defraudación aduanera, el cual le costó la presidencia.

La corte también avaló las acciones del juez Fredy Orellana —sancionado por Estados Unidos— cuando canceló al Movimiento Semilla, el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo en 2023, a pesar de que la Ley Electoral sólo le otorga esa facultad al TSE.