Presidente de Guatemala decreta Estado de prevención e instala plan operativo para seguridad

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo decretó el martes un estado de prevención en sustitución del estado de sitio que estableció durante 30 días para frenar la violencia de las pandillas, que contempla medidas menos rigurosas.

El estado de prevención fue publicado en el diario oficial y durará 15 días. Le permite a las fuerzas de seguridad tomar medidas para frenar la violencia, prevenir y reprimir perturbaciones graves a la paz y al orden público por parte de pandillas. Podrán limitar celebraciones y reuniones al aire libre, disolver por la fuerza cualquier reunión donde se hiciere uso de armas o prohibir la circulación de vehículos en lugares determinados.

El estado de sitio, que necesitó del aval del Congreso, era más rígido al permitirle a las fuerzas de seguridad detener a personas sin la orden de un juez.

El presidente dijo que el e stado de sitio que finalizó el lunes tuvo resultados positivos. Indicó que entre el 19 de enero y 15 de febrero se redujeron los homicidios a la mitad y se cortó la comunicación y coordinación entre pandillas. Según las autoridades, fueron censados más de 23.600 pandilleros logrando identificar a todos ellos.

El martes el presidente presentó además junto a los ministros de Gobernación y Defensa el Plan Centinela Metropolitana en un campo de fútbol público en la zona 18 de la capital guatemalteca, donde tiene mayor incidencia la pandilla Barrio 18. Busca dar seguridad en el departamento de Guatemala donde las cifras de criminalidad son más elevadas que en el resto del país.

Los operativos serán en conjunto entre policías y soldados en los barrios capitalinos además de continuar con acciones de prevención en prisiones para detener las comunicaciones entre pandilleros y evitar los ilícitos, dijeron autoridades.

“Cuando se trata de proteger a la población, el Estado no puede retroceder y nosotros continuaremos tomando las decisiones que sean necesarias para ir extendiendo la protección”, dijo Arévalo.

“En la zona 18 la normalidad ya no será definida por el miedo sino a través de la ley”, señaló el ministro de Gobernación Marco Villeda, quien explicó que el plan es para darle seguridad a “la gente decente, para quienes cumplen y quieren vivir en paz".

Para quien “no quiera seguir las reglas debe atenerse a las consecuencias legales, operativas y reales”, acotó el funcionario.

A principios de 2025 Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista e hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año. Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.

En julio del año pasado, 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas del día luego de la matanza de siete personas en un funeral.

En respuesta, los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales ocho han sido recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud de Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que este último aprobó el mismo mes.

El 17 de enero varios reos tomaron, en forma orquestada, tres prisiones y retuvieron a más de 40 guardias como rehenes. Las autoridades se negaron a negociar con pandilleros que buscaban beneficios y traslados a otras prisiones.

Un día después de los motines, la fuerza pública retomó el control y liberó a los rehenes; entonces pandilleros dirigieron cinco ataques orquestados dejando 10 policías muertos y ocho heridos, el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.