Presidente boliviano es citado a declarar como testigo en juicio por crisis política de 2019
El presidente boliviano Luis Arce está convocado el lunes a declarar como testigo por un tribunal de La Paz en el juicio por las protestas que derivaron en la crisis política de 2019 y que forzaron la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
También Morales (2006-2019) fue llamado a declarar en el juicio iniciado en 2024 pero anticipó que no se presentará, lo que podría complicar su situación jurídica con una segunda orden de detención. “No pueden convocarme como testigo, yo fui víctima”, dijo a periodistas.
El expresidente ya tiene un orden de detención en su contra por negarse a declarar en un caso de presunto abuso de una menor cuando era mandatario.
En lo que se refiere a la citación de Arce, el gobierno ha señalado que el presidente está dispuesto a declarar.
“Siempre que haya una convocatoria tenemos que asistir, no hay privilegios para nadie”, dijo la semana pasada la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
Las autoridades están a la espera de que llegue de manera formal la citación que el juzgado fijó para las 14.00 hora local (1800 GMT).
A su vez, el ministro de Justicia, César Siles, afirmó que como Arce “goza de trato diferenciado” está habilitado para declarar desde su lugar de trabajo.
La justicia boliviana inició en octubre de 2024 un juicio contra opositores que lideraron las protestas durante la crisis de 2019 que dejaron 36 muertos.
El principal acusado es Luis Fernando Camacho, gobernador de la poderosa provincia de Santa Cruz entre 2021 y 2024 y quien encabezó las protestas de 20 días contra Morales tras las elecciones presidenciales que la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó de fraudulentas y en las que el político buscaba un tercer mandato. Tras su dimisión, Morales se refugió en México y después en Argentina.
Morales sostiene que las protestas fueron un “golpe de Estado”, aunque para los opositores se trató de una “rebelión popular contra el fraude”.
Camacho y otros acusados han denunciado una “persecución judicial” en su contra y se han declarado “presos políticos”.
La expresidenta interina Jeanine Áñez —que sucedió a Morales en 2019— ha sido excluida del proceso porque la justicia determinó que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otra causa. Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por jurar al cargo ilegalmente después de la salida del poder de Morales y está procesada por 19 muertes que ocurrieron durante los primeros días de su gestión.
El caso se ventila en momentos en que Arce y Morales libran una guerra política que ha dividido al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales de agosto. Morales fue inhabilitado a postularse por un fallo judicial mientras Arce está abajo en las encuestas afectado por la crisis económica que golpea al país.