Policía identifica a sospechosos por búsquedas en línea; tribunales debaten cuestiones de privacidad

Investigadores penales que tienen la esperanza de identificar a sospechosos en casos complicados han estado solicitando a Google que revele quién buscó información específica en internet, pidiendo órdenes de registro “inverso de palabras clave” que, según los críticos, amenazan la privacidad de personas inocentes.

A diferencia de las órdenes de registro tradicionales, que apuntan a un sospechoso o lugar conocido, las órdenes para palabras clave funcionan a la inversa al identificar direcciones de internet desde las que se realizaron búsquedas de términos concretos durante un periodo determinado, como la dirección de una calle donde ocurrió un delito o una frase como “bomba casera”.

La policía ha utilizado el método para investigar una serie de atentados con explosivos en Texas, el asesinato de una política brasileña y un incendio en Colorado.

No es descabellado que los investigadores asuman que la gente realice búsquedas en Google para cometer todo tipo de delitos, ya que el motor de búsqueda de la compañía se ha convertido en la puerta de entrada a internet y la vida diaria de los usuarios deja cada vez más rastros en línea. Para los investigadores, el valor potencial de los datos que recopila Google es evidente en casos sin un sospechoso, como la búsqueda de la persona que secuestró a Nancy Guthrie.

La tensión legal entre la necesidad de resolver un delito lo más pronto posible y las protecciones establecidas en la Cuarta Enmienda de la Constitución contra registros excesivamente amplios fue parte fundamental de una reciente decisión de la Corte Suprema de Pensilvania que avaló el uso de una orden de registro inverso de palabras clave en una investigación por violación.

Los defensores de los derechos a la privacidad consideran la práctica como otorgar a la policía “acceso irrestricto a los pensamientos, sentimientos, preocupaciones y secretos de innumerables personas”, según un escrito de “amicus curiae” presentado en la apelación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), el Internet Archive y varias organizaciones bibliotecarias.

En respuesta a una solicitud de comentario sobre las órdenes, Google proporcionó una declaración por correo electrónico: “Nuestros procesos para gestionar solicitudes de las fuerzas del orden están diseñados para proteger la privacidad de los usuarios y, al mismo tiempo, cumplir con nuestras obligaciones legales. Revisamos todas las exigencias legales para verificar su validez jurídica, y nos oponemos a aquellas que son demasiado amplias o indebidas, incluida la objeción total a algunas de ellas”.

Un avance en el caso

La Policía Estatal de Pensilvania topó con pared en su investigación sobre la violación violenta de una mujer en 2016 en un apartado callejón a las afueras de Milton, una pequeña comunidad en el centro del estado. Sin pistas claras, la policía obtuvo una orden que instruía a Google a revelar las cuentas que buscaron el nombre o la dirección de la víctima durante la semana en que fue atacada.

Más de un año después, Google informó que horas antes de la agresión se realizaron dos búsquedas de la dirección de la mujer desde una dirección IP específica, una designación numérica que indica dónde “vive” un teléfono o una computadora en internet.

Eso los condujo a la casa de un guardia de una prisión estatal llamado John Edward Kurtz.

Posteriormente, la policía realizó vigilancia y recogió una colilla de cigarrillo que desechó y la cual contenía ADN que coincidía con una muestra recuperada de la víctima, según registros judiciales. Kurtz confesó la violación y ataques contra otras cuatro mujeres durante un periodo de cinco años. El hombre de 51 años de edad fue sentenciado en 2020 a una pena de entre 59 y 280 años en prisión.

Los abogados de Kurtz argumentaron que la policía no tenía causa probable para obtener la información y que violó los derechos de privacidad de su cliente.

La Corte Suprema estatal rechazó esas afirmaciones a finales del año pasado, pero se mostró dividida en cuanto a los motivos. Tres jueces señalaron que Kurtz no debía esperar que sus búsquedas en Google fueran privadas, mientras que otros tres sostuvieron que la policía tenía causa probable para buscar a cualquiera que hubiera consultado la dirección de la víctima antes del ataque. Un juez disidente, sin embargo, indicó que la causa probable requiere algo más que una “simple corazonada” y la suposición de que un perpetrador habría usado Google.

El abogado de Kurtz, Douglas Taglieri, planteó el mismo argumento en un escrito judicial, pero admitió: “Fue una buena suposición”.

Julia Skinner, fiscal en el caso, manifestó que los registros inversos de palabras clave son mucho más eficaces cuando hay términos específicos e incluso inusuales que pueden reducir los resultados, como un nombre distintivo o una dirección. También son particularmente eficaces cuando los delitos parecen haber sido planeados de antemano, agregó.

“No creo que se usen con muchísima frecuencia, porque en lo que necesitas enfocarse tiene que ser muy específico”, comentó. En el caso de Kurtz se arrojaron 57 búsquedas, pero muchas de ellas correspondían a personal de primeros auxilios que intentó ubicar la vivienda inmediatamente después del delito, explicó Skinner.

Actuar de buena fe

En un caso similar en Colorado, la policía buscó las direcciones IP de cualquier persona que durante un periodo de 15 días haya buscado la dirección de una vivienda donde ocurrió un incendio intencional con saldo letal. Las autoridades obtuvieron direcciones IP de 61 búsquedas realizadas desde ocho cuentas, lo que finalmente ayudó a identificar a tres sospechoso.

La Corte Suprema de Colorado determinó en 2023 que, aunque la orden de registro inverso de palabras clave era constitucionalmente defectuosa por no especificar una “causa probable individualizada”, la evidencia podía utilizarse debido a que la policía había actuado de buena fe con base en lo que se sabía sobre la ley en ese momento.

“Si surgen problemas distópicos, como temen algunos, los tribunales están listos para escuchar argumentos sobre cómo deberíamos poner límites al uso por parte de las fuerzas del orden de una tecnología que avanza rápidamente”, resolvió la mayoría de los jueces.

Los tribunales han permitido desde hace tiempo que los investigadores presenten solicitudes para tener acceso a registros bancarios o telefónicos. Sin embargo, grupos defensores de las libertades civiles afirman que extender esos poderes a búsquedas de palabras clave en internet convierte a cada usuario en un sospechoso.

No está claro cuántas órdenes para registro de palabras clave se emiten cada año —Google no desglosa por tipo el número total de órdenes que recibe, según indicaron la Electronic Frontier Foundation y la Asociación de Abogados Defensores Penales de Pensilvania en un escrito presentado en enero de 2024.

Los dos grupos señalaron que la policía que investigaba los atentados con explosivos en Austin, Texas, buscó a cualquiera que hubiera consultado términos como “explosivos de baja potencia” y “bomba casera”.

Y en Brasil, investigadores que intentaban resolver el asesinato de la política Marielle Franco en 2018 solicitaron información sobre quienes buscaron el nombre de Franco y la calle donde vivía. Se tiene previsto que un alto tribunal brasileño decida pronto sobre la legalidad de la revelación de esas búsquedas.

Las órdenes de registro inverso de palabras clave son distintas a las órdenes de “geovalla” (“geofence”), en las que investigadores penales solicitan información sobre quién estuvo en un área determinada en un momento específico. La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el mes pasado que pronto se pronunciará sobre la constitucionalidad de ese método.

Un índice de asuntos sumamente personales

Para muchas personas, su historial de búsquedas en Google contiene algunos de sus pensamientos más personales: desde problemas de salud y creencias políticas hasta decisiones financieras y patrones de gasto. Google está incorporando más inteligencia artificial en su motor de búsqueda, aparentemente como una forma de aprender más sobre los usuarios.

“¿Qué podría ser más vergonzoso?”, preguntó el profesor de derecho de la Universidad de Pensilvania y abogado de derechos civiles David Rudovsky, si cada búsqueda en Google “estuviera ahora a la vista de todos, se hubiera vuelto viral”.

Google advierte a los usuarios que la información personal puede compartirse fuera de la empresa cuando "cree de buena fe que la divulgación de la información es razonablemente necesaria” para responder a leyes, regulaciones, procesos legales aplicables o a una “solicitud gubernamental exigible”.

En el caso de Kurtz, el juez de Pensilvania David Wecht estableció una distinción entre el hecho de que Kurtz decidió buscar el nombre de la víctima en Google y una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2018 que limitó el uso de extensas recopilaciones de datos de ubicación de teléfonos celulares.

“Un usuario que quiera mantener ese material en privado tiene opciones”, escribió Wecht. “Ese usuario no tiene que hacer clic en Google”.

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Los periodistas de Associated Press Michael Liedtke en San Francisco y Mauricio Savarese en Sao Paulo, Brasil, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.