Perú implementa medidas adicionales en el estado de emergencia en Lima y Callao
El gobierno peruano decretó el viernes medidas adicionales para el estado de emergencia en Lima y la provincia del Callao, las cuales versan sobre control penitenciario, vigilancia digital y coordinación multisectorial para enfrentar la ola de criminalidad.
El decreto, publicado en boletín especial en la noche, modifica la norma que había declarado estado de emergencia a fines de octubre y establece una estructura de mando más amplia bajo la dirección de un Comando de Coordinación Operativa Unificada. Éste estará encabezado por el comandante general de la Policía Nacional, con participación de las fuerzas armadas, el Ministerio Público, el poder judicial y los gobiernos locales de las ciudades de Lima y Callao.
“Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario”, declaró el presidente interino José Jerí en la instalación de comando unificado en Lima, con el fin de fortalecer la seguridad de cara a la temporada navideña.
Entre las principales medidas está la restricción de visitas en los penales, el llamado “apagón eléctrico” en celdas —la suspensión del suministro de electricidad para efectuar controles de seguridad— y la destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales. El Instituto Nacional Penitenciario, que administra las cárceles en todo el país, realizará traslados de reos considerados peligrosos y rotará a su personal por motivos de seguridad, con apoyo de la Policía Nacional y las fuerzas armadas, según indica la norma.
El decreto crea cuatro comités especiales: uno de inteligencia, que coordinará el uso de videovigilancia, drones y reconocimiento facial; otro de fiscalización, con participación de entidades relacionadas al control de telecomunicaciones, aduanero y de uso de armas; otro de coordinación distrital, integrado por comisarías y alcaldes locales para reforzar patrullajes; y uno de comunicación estratégica, para difundir los resultados oficiales.
Las nuevas disposiciones también incluyen la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicleta, operativos de control de identidad y decomiso de armas y drogas, así como la expulsión mediante procedimientos acelerados de extranjeros involucrados en delitos.
Además se dispuso el uso de imágenes satelitales, y el apoyo de cadetes y alumnos de escuelas de la Policía y las fuerzas armadas en labores operativas y de disuasión.
Estas medidas entran en vigencia el sábado 8 de noviembre y continúan la declaratoria de emergencia en Lima y Callao, iniciada el 21 de octubre por un periodo que originalmente iba a ser de 30 días.