Oficialismo y exlegisladores opositores preparan el terreno para futuras elecciones en Venezuela

Delegados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, y exlegisladores de la oposición acordaron el miércoles una serie de medidas para preparar el terreno con el objetivo de alcanzar condiciones que permitan recuperar la confianza de los venezolanos en su sistema electoral y restituir la autonomía de los partidos políticos.

Durante la tercera jornada de negociaciones desde mediados de agosto pasado, ambas partes se reunieron con el propósito de diseñar una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales luego de casi tres décadas de gobiernos socialistas.

La exdiputada Dinorah Figuera —quien encabeza a un grupo de exlegisladores de oposición que en su momento intentó destituir al expresidente Nicolás Maduro— y el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez— leyeron un comunicado en el que se destaca la decisión de “iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales que contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática, la paz, el respeto, la responsabilidad, la reconciliación”.

Entre las leyes que serán revisadas destacan la ley de “partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones para garantizar la participación de todos los actores políticos… el pluralismo político, la autonomía de las organizaciones" partidistas, resaltó el comunicado.

También se revisará la ley de la Contraloría General de la República para abordar lo “inherente al proceso de inhabilitaciones”.

Durante años, estos instrumentos legales permitieron restringir la participación política y facilitaron las inhabilitaciones para ejercer un cargo público sobre numerosos políticos, como la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien fue inhabilitada por 15 años poco después de anunciar su intención de participar en los comicios presidenciales del 2024.

La Contraloría General, bajo control oficialista desde la presidencia del difunto Hugo Chávez (1999-2013), inhabilitó a muchos líderes de la oposición y disidentes mediante procesos administrativo por presuntas irregularidades durante su ejercicio como funcionarios públicos.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y del exmandatario Nicolás Maduro, afirman que se ha empleado esta herramienta como arma política desde hace años. Machado y otros políticos inhabilitados no cuentan con condenas penales.

También se revisarán leyes y decisiones judiciales que hayan socavado la autonomía de las organizaciones con fines políticos.

Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de la captura de Maduro y su esposa en un audaz operativo militar el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos.

En el primer ciclo de conversaciones se acordó renovar en su totalidad al máximo tribunal, incluida la renovación y ampliación de la comisión de postulaciones para la designación de los 32 magistrados que lo componen, además de conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los candidatos, a fin de evitar irregularidades en la designación de los magistrados.

La oposición ha acusado al oficialismo de designar a sus aliados como magistrados con el fin de asegurarse el control del máximo tribunal y del organismo electoral.