Observatorio universitario confirma disminución de homicidios en El Salvador
Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH de la UCA) confirmó el martes una disminución en el número de homicidios en El Salvador, pero advirtió que el país se encamina hacia un modelo de gobierno autocrático.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la institución, destacó en conferencia de prensa el descenso en el número de asesinatos en la nación centroamericana, pero aseguró que el Estado no puede convertirse en uno de los principales agresores contra los derechos humanos.
El organismo destaca su “preocupación” ante una “tendencia del gobierno” para “invisibilizar o minimizar las violaciones generadas desde el Estado, difundiendo un discurso donde El Salvador se quiere mostrar como un país ejemplar en términos de políticas de seguridad y de recuperación de espacios y territorios”.
“Sabemos que los homicidios han bajado, es un hecho que la percepción de seguridad es distinta, pero no se puede permitir que el Estado se convierta en el victimario y el que vulnera el derecho a la vida, sustituyendo a las pandillas”, manifestó Santos.
Según el estudio, se registraron 243 muertes violentas en 2024, incluidos 114 homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) y 114 muertes decesos al interior de centros penitenciarios según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Esto significa una disminución continua en la tasa de asesinatos por cuarto año consecutivo desde los 1.341 que se registraron en 2020 —22,2 por cada 100.000 habitantes— a 243 el año pasado, es decir, 4 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Santos dijo que si coincidieran con el discurso del gobierno, el cual destaca continuamente una mejoría en la situación de seguridad y un descenso en la tasa de homicidios, “entonces el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, porque no hay una razón grave que justifique su permanencia.
Añadió que con el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022 —después de una jornada en la que se registraron 62 asesinatos en todo el país—, “lo que se ha generado es el cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas que se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad”.
La política de mano dura del presidente Nayib Bukele ha dejado como resultado la detención de más de 85.500 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas.
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que la mayoría de los detenidos se encuentran en prisión sin haber sido condenados y que se han visto obligados a liberar a cerca de 8.000 por falta de pruebas. En tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
El régimen de excepción establece la suspensión de derechos constitucionales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6.900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles, que van desde golpes, maltrato y crueldad, hasta abuso sexual.
Por su parte, Roberto López, el coordinador del OUDH, señaló que el derecho a la vida sigue siendo uno de los más vulnerados, y que esta situación se agrava “con las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos y la negación del acceso a la justicia”.