Nuevo informe da esperanzas a lugareños tras contaminación minera de hace 9 años en México
Nueve años después de un gigantesco derrame de aguas residuales de una mina de cobre en el estado mexicano de Sonora, algunas comunidades continúan sufriendo “alarmantes” niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua, dijo la Secretaría del Medio Ambiente el jueves.
Al sintetizar un informe de 239 páginas, las autoridades también confirmaron, mediante imágenes satelitales, que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
Habitantes y activistas ambientales dicen que el informe ofrece el panorama más claro a la fecha sobre la escala catastrófica del accidente y, con él, una nueva esperanza de que al Grupo México finalmente lo obliguen a asumir sus responsabilidades financieras después de casi una década de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas.
“Esperamos que con este nuevo documento tengamos un camino sencillo para obtener el dinero”, dijo Luis Franco, coordinador comunitario en el grupo activista regional PODER. “De momento estoy contento, pero al mismo tiempo sé que esto es apenas el comienzo para el pueblo de Sonora”, agregó. “Tenemos que seguir luchando”.
El 6 de agosto de 2014, después de unas fuertes lluvias, 40 millones de litros (10 millones de galones) de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina de Buenavista hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, a poco menos de 100 kilómetros (62 millas) de la ciudad de Nogales, Sonora, fronteriza con Estados Unidos.
Tras el derrame, en un principio el Grupo México aceptó aportar 1.200 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) a un fideicomiso de reparación, pero en 2017 ese fondo fue cerrado y los recursos restantes regresaron a la compañía minera, según PODER. Después de una batalla en tribunales, el fideicomiso fue reabierto tres años después, pero sin nuevos recursos, dijo Franco.
La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, insistió el jueves en una conferencia de prensa que el informe era “un asunto técnico", no "ideológico", y agregó que el fideicomiso continuará abierto hasta 2026.
“Nosotros en esta institución no aceptamos como cerrado dicho fideicomiso”, dijo Albores González.
En otro informe difundido este año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó el costo total del derrame en 20.000 millones de pesos (1.100 millones de dólares), cantidad que rebasa en más de 16 veces el fideicomiso original.
“Se puede determinar que ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía”, dice el informe.
El fideicomiso inicial incluía el compromiso de abrir 36 estaciones de tratamiento de aguas y una clínica toxicológica. Sin embargo, de acuerdo con los Comités de Cuenca Río Sonora —un grupo integrado por habitantes de ocho municipios contaminados— sólo una estación de agua está abierta y la clínica se encuentra abandonada desde hace mucho tiempo.
Se han detectado niveles peligrosos de arsénico, plomo y mercurio en una superficie de 250 kilómetros cuadrados (94 millas cuadradas) en torno al derrame. Habitantes de los municipios sonorenses de Ures, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banamichi, Cananea, Huépac y San Felipe de Jesús han denunciado riesgos para su salud y una disminución de la productividad en sus granjas y haciendas.
En lo que las autoridades describen como uno de sus hallazgos más “alarmantes”, 93% de las muestras de suelo de la ciudad de Cananea no cumplen con los requisitos internacionales sobre niveles de arsénico.
Adrián Pedrozo Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, dijo que la contaminación también ha tenido repercusiones en el agua potable de la región. “Los resultados aquí presentados nos presentan de forma muy clara (que) existe un problema en la seguridad o en la salud... del agua... que consume la población”, señaló.
Franco, que vive en la cercana ciudad de Hermosillo, dijo que la situación es más urgente en las comunidades, en las que muchos no pueden comprar agua embotellada.
Desde el derrame, Buenavista del Cobre ha seguido operando, e incluso aumentó de tamaño. En los años previos inmediatos al accidente, la producción se había triplicado, según Pedrozo. Para 2020 volvió a crecer 50%, en lo que dijo es una “sobreexplotación crónica” de las reservas de agua en la zona.