Nicaragua: el presidente Ortega confisca los bienes de una universidad jesuita
La jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua anunció el miércoles la confiscación de todos sus bienes inmuebles y activos por parte del gobierno de Daniel Ortega por “señalamientos infundados” de que esa casa de estudios “funcionó como un centro de terrorismo”.
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la UCA indicó que el martes recibió un oficio judicial en el que se le notificó “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera” de cuentas bancarias que fueron “inmovilizadas”, así como “productos financieros en moneda nacional o extranjera”.
El oficio judicial ordenó que la incautación sea a favor del Estado de Nicaragua, agregó el comunicado de la UCA, considerada la más importante y prestigiosa universidad privada del país. A su vez informó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas de la universidad “hasta que sea posible retomarlas”.
El gobierno de Nicaragua no ha confirmado de momento la medida, que tiene lugar en medio de una arremetida contra la Iglesia católica tras el cierre de varias organizaciones y medios de comunicación religiosos y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, encerrado en un penal de Managua desde febrero tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a otros 222 opositores excarcelados.
En la UCA estudian aproximadamente unos 8.000 estudiantes, del total de 200.000 universitarios que existen en Nicaragua, de acuerdo con organizaciones del sector.
En un pronunciamiento, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús calificó de “totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones” del gobierno contra la UCA y destacó su “prestigiosa labor docente e investigativa" durante sus 63 años de existencia.
Señaló que esta “nueva agresión gubernamental” no es “un hecho aislado”, ya que desde 2018 la UCA ha venido sufriendo “constante asedio, acoso y hostigamiento” de las instituciones gubernamentales, a través de la no extensión de certificaciones de parte del Ministerio de Gobernación y otras entidades y de su exclusión de un fondo estatal destinado a la educación superior.
“Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”, dijeron los jesuitas, tras responsabilizar al gobierno de Nicaragua “de todos los daños en contra del alumnado, del personal docente, administrativo y demás trabajadores-as de la Universidad y del patrimonio cultural” del centro.
“La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”, destacó la declaración.
Fundada en 1960 por la Compañía de Jesús, la UCA fue uno de los focos de las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018 y en más de una ocasión abrió sus puertas para permitir que manifestantes civiles que huían de las balas de la policía se refugiaran momentáneamente en sus instalaciones.
En su comunicado, las autoridades universitarias dijeron que el gobierno argumenta que la universidad “funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales” y aclaró que son “señalamientos infundados”.
Ortega aplastó la rebelión social de 2018 con fuerzas policiales y paramilitares fuertemente armados y acusó a la oposición y a los líderes estudiantiles, así como a los obispos, de participar en un fallido golpe de Estado para derrocarlo.
Amnistía Internacional protestó a través de un tuit de Erika Guevara Rosas, quien expresó su solidaridad ante lo que calificó de “otra arremetida contra los derechos humanos en Nicaragua”.
“Con esta confiscación Ortega pone una lápida al libre pensamiento en Nicaragua”, dijo por su parte la abogada María Asunción Moreno, que fue catedrática de la UCA durante más de dos décadas hasta su exilio en 2021.
El líder estudiantil Lesther Alemán, exalumno de la UCA y quien encaró a Ortega en el primer diálogo nacional en 2018, calificó de “desquiciados” a los gobernantes sandinistas por haber clausurado “un centro académico de suma importancia”.
En un comunicado seis organizaciones universitarias rechazaron la medida por considerarla “un intento de coartar la autonomía universitaria” y parte de “una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas”.