Mujeres trans que enfrentan violencia migran para sobrevivir en Paraguay

Alejandra Mongelós tenía ocho años cuando se fue de su casa por primera vez. Como otras personas LGBTQ+ en Paraguay, se ha visto forzada a mudarse una y otra vez por discriminación, acoso y violencia de género.

Su país es uno de los más conservadores de las Américas. Los estigmas y la ausencia de un marco legal que garantice los derechos LGBTQ+ tienen un impacto particular en las mujeres transgénero como Mongelós. Muchas abandonan sus hogares siendo niñas y, sin apoyo familiar o recursos, recuren al trabajo sexual.

Mongelós ya se identificaba como trans cuando salió de su hogar en 2013. La búsqueda de un espacio seguro se convirtió en una rutina desde entonces.

Su vida cobró un giro cuando un familiar la acosó. La situación desencadenó una disputa familiar que terminó con la madre de Mongelós en la cárcel y ella en el primero de los muchos hogares temporales donde el rechazo sería una constante.

“En uno de ellos un tipo me daba la palabra de Dios”, dijo Mongelós, que ahora tiene 20 años. “Me decía: ‘Dios te creó hombre, así que tienes que ser hombre’”.

Antes de conocer a otra mujer trans que la protegería cuando cumplió 13, Mongelós pasó por unos 30 hogares temporales. En ocasiones se quedaba un mes; en otras, no duraba ni una semana.

“Me escapaba y me escapaba”, agregó. “Mis propios cuidadores me maltrataban”.

Religión y política alimentan la exclusión

Las actitudes machistas han avivado la discriminación contra los paraguayos LGBTQ+ desde hace décadas.

Casi el 90% de la población es católica. Y aunque la dictadura cayó en 1989, el conservador Partido Colorado ha estado en el poder prácticamente de manera ininterrumpida desde 1947.

Meses antes de asumir el poder en 2013, el expresidente Horacio Cartes comparó a los gays con “monos” y dijo que preferiría pegarse un tiro a que su hijo se casara con un hombre.

El actual mandatario, Santiago Peña, aseguró previo a su elección en 2023 que rechazaba el aborto y que su administración defendería a la familia como la unión entre un hombre y una mujer.

“Cada vez que empieza un proceso electoral el partido de gobierno empieza una batalla contra la ideología de género”, dijo la abogada Michi Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista. “Es como generar un enemigo interno en los temas de género”.

Esa cruzada se extiende hasta las aulas e impacta en los derechos reproductivos.

En Paraguay la educación sexual integral está prohibida en las escuelas. Los programas educativos son supervisados por la Iglesia y se promueve la abstinencia como un ideal. En tanto, el poder de los Colorados en el Congreso evita que se discutan temas como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario, ambos prohibidos en el país.

“Acá tenemos una cultura machista de que el hombre es hombre y la mujer es mujer y no existe nada más”, dijo Yrén Rotela, la activista trans que se convirtió en mentora de Mongelós. “Por eso sigue existiendo esta cultura donde no hay respeto”.

Violencia sin registros

Mongelós vive en Casa Diversa, un albergue fundado por Rotela en 2018 para proteger a personas LGBTQ+.

La mayoría de sus beneficiarias son mujeres trans que se vieron obligadas a desplazarse en busca de protección, trabajo y sentido de pertenencia. Rotela les ofrece ropa, alimentación, entrenamiento para independizarse —frecuentemente como estilistas— y apoyo para recuperarse de adicciones.

“Yo migré también a nivel interno y sufrí trata”, contó Rotela, quien inició su transición a los 13 años y también recurrió al trabajo sexual para mantenerse. “Todas las cicatrices que tengo fueron producto de la violencia que viví en la calle”.

Activistas como ella refieren que algunos paraguayos que ven mujeres trans por la calle les avientan vidrios, líquidos y piedras. Varios las persiguen con machetes e incluso les disparan.

Las autoridades no llevan un registro oficial de estos ataques. La mayor parte de los casos sólo son documentados por organizaciones de derechos humanos. Y según Moragas, muchas mujeres trans se sienten desalentadas a presentar una denuncia después de ser atacadas, sabiendo que los agentes no las tomarán en serio.

“Teóricamente la policía recibe una denuncia y tiene que enviarla a la Fiscalía”, explicó. “En la práctica no lo hacen o les maltratan, se burlan de ellas y entonces ellas terminan por no presentar su denuncia”.

Isabel Gamarra, directora de una organización LGBTQ+ llamada Escalando, dijo que ella empezó a migrar después de que su familia le pidiera dejar su casa cuando inició su transición a los 15 años. Fue trabajadora sexual por una década, pero la violencia se volvió insoportable y se mudó a Argentina, donde vivió tres años y también sufrió agresiones antes de volver a Paraguay.

“El asesinato de personas trans era terrible”, afirmó.

Mónica Ávalos, quien empezó su transición a los 17, dijo que también se sintió obligada a migrar porque su familia no la aceptó.

“No querían que fuera lo que yo quería ser”, recordó. “Salí a la calle y sufrí muchas cosas —golpes, enfermedades— y ahora tengo cáncer pero estoy luchando y seguiré luchando hasta lo último”.

Una lucha más allá de lo legal

La ley paraguaya no reconoce la identidad transgénero ni los crímenes de odio. Un artículo de la constitución prohíbe la discriminación, pero lo que se constituye como tal y los pasos que debe seguir una víctima que la padece no están claramente definidos.

Ante el vacío legal, explicó Moragas, una iniciativa está pendiente en el Congreso. El objetivo es establecer mecanismos para abordar todo caso de discriminación.

Para impulsar su aprobación y exigir una ley de identidad de género, miembros de la comunidad LGBTQ+ y defensores de derechos humanos marchan cada 30 de septiembre. La fecha conmemora la publicación de una carta anónima en 1959 y es percibida como un acto simbólico de resistencia contra el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Días antes de la aparición de la misiva, el locutor de radio Bernardo Aranda fue hallado sin vida en su departamento y Stroessner usó el caso como una excusa para señalar a 108 hombres homosexuales como sospechosos del crimen.

Nelson Viveros se une a la marcha cada año. En Asunción, donde se estableció después de años de haber dejado su ciudad natal, protesta caracterizado como su personaje drag, Dislexia.

“Yo ahora estoy bien, pero todo el tiempo tengo que estar escuchando comentarios”, dijo Viveros, quien se identifica como un hombre gay. “Todo lo que yo represento se odia y se discrimina; quieren que nos escondamos”.

Su relación con su familia no se fracturó como la de las mujeres trans que viven en Casa Diversa, pero pasó un tiempo antes de que sus padres abrazaran por completo su identidad y mudarse se volvió una apuesta necesaria para sentirse cómodo.

“No sé si yo quiero esperar a que Paraguay esté bien”, añadió Viveros, quien tenía planes para migrar a Estados Unidos pero decidió renunciar a su sueño cuando Donald Trump ganó la presidencia. “Yo quiero vivir mejor. Quiero vivir seguro”.

Él, como Rotela y diversos activistas, piensa que las mujeres trans de Paraguay enfrentan dificultades distintas a las de los gays o las lesbianas, dado que su aspecto físico las puede convertir en blancos de agresiones.

“Yo me visto así (con ropa masculina) porque ando en bus, caminando”, explicó. “Pero vos no tendrías por qué moldear tu personalidad para sobrevivir”.

Rotela también sale a las calles a protestar cada fin de septiembre y dice que no dejará de pelear ni exigir derechos para la comunidad LGBTQ+.

“Necesitamos empezar a romper la discriminación, el estigma y los prejuicios”, aseguró. “Porque, ¿de qué sirve tener una ley si la sociedad no te va a respetar?”

“¿De qué sirve cambiar nuestros nombres si nos siguen matando?”

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