Montana entra en conflicto con su ciudad capital por la aplicación de las leyes migratorias

El estado de Montana investiga a su ciudad capital.

Durante las últimas tres semanas, el Departamento de Justicia estatal ha amenazado con demandar a la ciudad de Helena. Acompañado por el gobernador el 11 de febrero, el fiscal general estatal Austin Knudsen acusó a Helena de violar una ley estatal que prohíbe a las ciudades dar refugio a inmigrantes que carecen de autorización para estar en Estados Unidos.

“La ciudad de Helena no crea leyes estatales”, declaró Knudsen durante la conferencia de prensa, la cual se centró en la resolución de enero de los comisionados municipales de Helena, en la que se determinó que la ciudad no colaborará con los agentes federales de inmigración.

“Esta es claramente una burla del consejo municipal de Helena en la cara de la Legislatura de Montana”, expresó. “Si a la ciudad de Helena no le gusta la ley estatal, la animo a que contrate un abogado, busque un cabildero, venga al Capitolio durante la sesión legislativa de 2027 y haga su mejor intento por cambiar la ley”.

Obligados a estar bajo la lupa, los funcionarios municipales enfrentan una creciente presión pública por parte de los residentes para que se opongan al gobierno del estado. Una reunión especial para discutir posibles cambios a la resolución ha sido programada para el jueves 26 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico de Helena. El lunes, Emily Dean, alcaldesa de Helena, informó que había invitado al fiscal general estatal a discutir la resolución con la ciudad. La semana pasada, Rebecca Dockter, la fiscal municipal, molestó a algunos activistas y partidarios de la resolución al decir a los comisionados que Helena debía “sopesar sus opciones, incluida la de revocar la resolución misma”.

Sólo aproximadamente 2% de los residentes de Montana nacieron en el extranjero, una cifra inferior a la de casi cualquier otro estado. Mientras el presidente Donald Trump presiona al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que aumente las detenciones de inmigrantes que carecen de autorización para vivir en el país, Montana se encuentra entre los estados con el menor número de arrestos.

Activistas, funcionarios y abogados declararon a la organización de noticias Montana Free Press (MTFP) que la lucha se ha convertido en algo que va más allá de la situación de los inmigrantes no autorizados en Helena, cuya vida podría verse directamente afectada si la policía local accede a cooperar con el ICE. En última instancia, el conflicto gira en torno a la capacidad de las fuerzas policiales locales para establecer sus propias prioridades, y la capacidad de la ciudad para gobernar de una manera que esté alineada con los valores de sus residentes, agregan.

“Si la comisión municipal considera siquiera votar para derogar la resolución en su totalidad cuando el fiscal general estatal sólo ha señalado algunas secciones como problemáticas, significa que no rinden cuentas a sus votantes”, manifestó Lily Clarke, codirectora de la sede en Helena de Montana for Palestine, un grupo político que aboga por los palestinos, las poblaciones indígenas y los inmigrantes, entre otros.

Marc Racicot, ex fiscal general estatal y gobernador republicano de Montana, dijo que el conflicto refleja un patrón nacional de disputas jurisdiccionales entre los gobiernos federal, estatal y local sobre quién tiene la potestad en la aplicación de las leyes de inmigración. Calificó el anuncio público de la investigación como “teatro político”, y dejó entrever que la disputa va más allá de solamente el control migratorio.

“Se trata de cómo asegurar el control y el poder, y grabarlo en la fachada del Capitolio, donde perdurará para siempre”, recalcó Racicot.

A medida que el conflicto se desarrolla, los líderes de los municipios de todo el estado observan con atención. Los críticos y los defensores de la resolución de Helena coinciden en al menos un punto: la forma en que responda la ciudad el jueves, y a futuro, podría tener repercusiones.

“Creo que es un mensaje claro para intentar intimidar a otras ciudades e impedir que hagan algo similar”, le dijo Joey Morrison, el alcalde de la localidad de Bozeman, a MTFP.

Para el entonces representante Barry Usher, republicano de la ciudad de Roundup, quien apoyó la ley de Montana de 2021 que prohíbe a las ciudades dar refugio a inmigrantes que carecen de autorización —ley que el fiscal general estatal ha invocado—, ese mensaje siempre fue el objetivo.

“Este proyecto de ley no trata sobre racismo ni sobre discriminación racial”, declaró en febrero de 2021 durante una sesión de la Cámara de Representantes. “Este proyecto de ley trata sobre las ciudades santuario y sobre si queremos o no permitir que los municipios locales aprueben una ley de este tipo. Como estado, decimos que no”.

Knudsen y Gianforte declinaron comentar sobre la disputa, mencionando que la investigación está en curso, y remitieron a MTFP a sus declaraciones públicas anteriores. La fiscal municipal, la alcaldesa, el jefe de policía y varios comisionados de Helena también declinaron comentar, y citaron un posible enfrentamiento jurídico con el estado.

CÓMO SE LLEGÓ A ESTO

Lily Clarke, colíder de la sucursal en Helena de Montana for Palestine, no le dio mucha importancia cuando una amiga la llamó un martes de julio. Pensó que su amiga sólo quería ponerse al día. Sin embargo, le contó a Clarke que había visto cómo “personas sin identificación, en un vehículo sin distintivos” se llevaron a un hombre de piel morena en Helena. Ese hombre era Christopher Martínez Marván, un mexicano de 31 años que ha vivido intermitentemente en Helena con su familia desde 2008. El vehículo sin distintivos pertenecía a las autoridades federales de inmigración.

La detención ocurrió a la vez que el gobierno de Trump desplegaba agentes federales de inmigración en varias ciudades estadounidenses para implementar políticas de deportación masiva, a veces sin procedimientos claros. Ese día en particular, agentes de la policía de Helena y agentes federales de inmigración buscaban por separado a dos venezolanos con órdenes de arresto pendientes por delitos violentos cuando la policía de Helena detuvo a Martínez Marván por conducir con placas vencidas.

Mientras los agentes de Helena redactaban una multa de tránsito, llegaron al lugar autoridades federales. Las imágenes de la cámara corporal grabaron a un agente de la policía de Helena decirle a un colega: “Sí, como que, como que lo están secuestrando ahora mismo”, mientras Martínez Marván era interrogado por agentes federales, quienes luego lo detuvieron por estar en el país sin autorización, según documentos judiciales.

Clarke llamó a otro organizador local con Waking Giant, un grupo activista centrado en la ayuda mutua, la vivienda y la democracia. Ambos se dirigieron a la avenida Montana, una de las calles más transitadas de Helena, donde se llevó a cabo la detención. Al llegar, la camioneta pickup roja de Martínez Marván estaba estacionada al costado de la vialidad. Su esposa, María Pacheco, se encontraba cerca y sostenía en brazos a una de las hijas pequeñas de la pareja.

“Fue entonces cuando pensé: ‘Sin duda tenemos que trabajar en esto como comunidad aquí en Helena’”, reveló Clarke a MTFP en una entrevista telefónica reciente.

Durante el resto del día, ella y organizadores de otros grupos de defensa intentaron comprender lo sucedido y cómo podían ayudar. Un grupo de residentes y organizadores preocupados se reunió frente al juzgado del condado. Otro acudió a la cárcel del condado, a donde Martínez Marván fue trasladado. Un grupo más se dirigió al Departamento de Policía de Helena para hablar con los agentes.

El exalcalde Wilmot Collins no se sorprendió cuando miembros de la comunidad de Helena comenzaron a asistir con regularidad a las reuniones municipales y del condado en julio para exigir transparencia y oponerse a la cooperación local con los agentes federales de inmigración. Los habitantes de Helena, manifestó Collins, “alzarán la voz cuando las cosas no estén bien”.

Si bien Missoula es más conocida como el centro político progresista del estado, la capital de Montana estaba, en muchos sentidos, preparada para un conflicto público sobre el control migratorio. Dado que Helena alberga la única oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del estado, los organizadores locales dicen estar familiarizados con los procesos migratorios y las barreras que enfrentan las personas al solicitar la ciudadanía. Y si bien los votantes del condado vecino de Lewis y Clark apoyaron a Trump cada vez que se presentó a las elecciones, los votantes urbanos de Helena suelen inclinarse por el Partido Demócrata. En una encuesta de Montana Free Press y el Centro Eagleton de Encuestas de Interés Público de la Universidad de Rutgers, realizada en diciembre y enero, el 100% de los demócratas de Montana expresó su desaprobación del enfoque de Trump —centrado en la deportación y el arresto— sobre la aplicación de las leyes de inmigración, mientras que el 94% de los republicanos de Montana manifestó su apoyo.

Meses después de que los organizadores presentaran el tema ante la comisión municipal, el control migratorio se debatió por primera vez en una reunión de noviembre. A mediados de ese mes, la comisión municipal acordó provisionalmente apoyar la incorporación de las exigencias de los defensores de la inmigración en una resolución municipal. En diciembre, la comisión debatió una propuesta de resolución —redactada por Rebecca Dockter, la fiscal municipal, en colaboración con el Departamento de Policía de Helena— que establecía que la policía municipal no colaboraría con las fuerzas federales de control migratorio, y que la ciudad no celebraría un convenio formal de colaboración con el ICE.

Fue por esas fechas cuando el grupo Montana for Palestine intensificó su campaña de organización, “cuando nos enfocamos realmente en hablar con la mayor cantidad de gente posible”, dijo Julia Cotter, una de sus integrantes.

Cotter, Clarke y otros organizadores locales se reunieron con abogados, líderes de juntas escolares y otros miembros de la comunidad, y los animaron a expresar su apoyo a la resolución ante la comisión municipal. Clarke centró sus argumentos en los contribuyentes.

“Les dije: ‘Este es un asunto municipal porque se trata del dinero que pagan en impuestos y que es destinado al control migratorio federal, cuando podría invertirse en escuelas, calles y servicios públicos. Se trata de lo que ustedes quieren ver en su ciudad’”, refirió a MTFP.

La principal preocupación de los comisionados municipales en ese momento, señaló Collins, era la legalidad.

“Hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo con cautela”, expresó. “Hagamos lo que hagamos, debemos considerar las consecuencias. ¿Qué sigue? Si decimos que la policía no debe interactuar con funcionarios federales, ¿es eso legal? … Cuando tomemos decisiones, estas deben ser respetuosas de la ley”.

En enero, los acontecimientos comenzaron a poner el tema en primer plano. El 7 de ese mes, a Renée Good —ciudadana y madre estadounidense— le disparó un agente del ICE en Minneapolis y murió, lo que provocó la indignación nacional e impulsó múltiples vigilias en Montana y en todo el país. Dos semanas después, el 21 de enero, el jefe de Policía de Helena, Brett Petty, anunció en una reunión municipal que había decidido retirarse de un grupo de trabajo regional antidrogas luego de que este decidiera colaborar con agentes de la Patrulla Fronteriza que eran desplegados en Helena y Bozeman.

“Decidí, por el Departamento de Policía de Helena, retirarme temporalmente (del Grupo de Trabajo Antidrogas del río Missouri) porque quiero asegurarme —y mantener el enfoque— del Departamento de Policía de Helena en la vigilancia policial y la lucha contra el narcotráfico”, declaró Petty durante una reunión municipal el 21 de enero.

Este anuncio motivó a muchos asistentes a agradecerle su decisión durante el voto de la resolución.

Tres días después del anuncio de Petty, agentes federales de inmigración mataron a Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos en Minneapolis. Dos días después, el 26 de enero, cientos de personas se congregaron en el edificio municipal de Helena para mostrar su apoyo a la resolución antes de que la comisión votara sobre su adopción. El momento de la votación, refirió Clarke, brindó a los habitantes de Helena la oportunidad de “participar directamente en lo que estaba sucediendo en Minneapolis y decir: ‘No en mi ciudad’”.

Tras casi tres horas de comentarios públicos y deliberación, la comisión aprobó la resolución por 4 votos a favor y 1 en contra.

La resolución le ordena explícitamente al Departamento de Policía de Helena que no establezca alianzas con el ICE. Determina que la ciudad de Helena no revelará el lugar de nacimiento, el estatus migratorio ni el origen nacional de ninguna persona, salvo que lo exija la ley o una orden judicial válida. Reafirma la política vigente del departamento de no detener, investigar, retener ni arrestar a nadie por su estatus migratorio o por sospecha de violar la ley de inmigración. E insta a la policía de Helena a “solicitar” a los agentes federales de inmigración que se quiten las mascarillas y se identifiquen cuando determinen que dichas solicitudes no interfieren con las prerrogativas federales.

Clarke dijo que se sentía aliviada por la aprobación de la resolución, pero también decepcionada por el hecho de que no fuera más lejos. La resolución, añadió, sirve como “una reafirmación de las políticas y un compromiso renovado con los valores”.

QUIÉN SE VE AFECTADO

Montana tiene una población inmigrante relativamente pequeña. El Instituto de Política Migratoria calculó que, en 2023 —el último año para el que se dispone de estimaciones—, Montana albergaba a unos 6.000 residentes sin autorización, lo que representa la menor población per cápita de inmigrantes sin permiso de cualquier estado. Quienes apoyan la resolución de Helena dicen que, más allá de las cifras, el conflicto entre la ciudad y el estado le importa profundamente a las personas afectadas.

María Pacheco, la esposa de Martínez Marván, dijo a los comisionados que el arresto y la detención de su esposo perjudicaron a su familia.

“Tengo dos (hijas) que no pueden dormir sin él, y mis niñas lloran, se quejan y preguntan por su papá todos los días, y nos está afectando de muchas maneras”, agregó. “Estoy tratando de hacer todo lo posible para que mi familia esté segura y feliz”.

En otra reunión, Ilgaz Casey, ciudadana estadounidense naturalizada, originaria de Turquía, dijo que los inmigrantes deben ser tratados con respeto.

“Permítanme recordarles algo”, les dijo a los comisionados. “Nadie abandona su país sólo para ver qué hay al otro lado del mundo, si podrá vivir allí o no. La gente se va por desesperanza. Se va porque sus familias importan. Se va porque no hay otra opción. Los inmigrantes que carecen de autorización también son seres humanos y merecen ser tratados como tales”.

Tras la aprobación de la resolución en enero, activistas sociales y autoridades locales señalaron que ciudadanos de todo el estado se han puesto en contacto con ellos porque están interesados en implementar políticas similares en sus comunidades.

“Helena no es conocida por ser la ciudad más progresista del estado”, apuntó Clarke. “Que Helena lidere de esta forma fue un gran logro para que otras ciudades pensaran: ‘Si Helena puede hacerlo, nosotros probablemete también podemos’”.

En febrero, miembros de la comunidad instaron a los funcionarios de la ciudad de Great Falls a tomar medidas en materia de control migratorio federal. Kristen Jordan, concejala de Missoula, declaró a MTFP ese mismo mes que ella redactaba una resolución similar.

LA DINÁMICA POLÍTICA

El 11 de febrero, 16 días después de que la Comisión Municipal de Helena aprobara la resolución, Knudsen anunció en una conferencia de prensa conjunta con Gianforte que el Departamento de Justicia estatal había abierto una investigación contra la ciudad por lo que describieron como contradicciones ilegales entre la resolución municipal y la ley estatal. Knudsen y Gianforte alegaron que la resolución viola una ley de Montana de 2021 que prohíbe a las ciudades dar refugio a inmigrantes que carecen de autorización.

Dicha ley prohíbe específicamente a las agencias estatales y a los gobiernos locales “promulgar o hacer cumplir ciertas políticas relativas a la ciudadanía y la inmigración”. También exige que el fiscal general estatal supervise el cumplimiento de la ley e investigue las denuncias de incumplimiento. La ley también contempla una multa de 10.000 dólares para las ciudades por cada cinco días de quebrantamiento, y establece que los gobiernos locales pueden ver denegados fondos estatales por desacato. Si la investigación del fiscal general estatal revela incumplimiento, la ley establece que “el fiscal general interpondrá una demanda civil contra la agencia estatal o el gobierno local”.

En 2021, los partidarios de la ley argumentaron que las ciudades santuario provocan un aumento de la delincuencia, y que una ley que prohibiera dicha característica mantendría a salvo a los habitantes de Montana.

“Necesitamos proteger a la gente de Montana, y creo que podemos hacerlo con la ley de ciudades santuario”, dijo Kenneth Holmlund, entonces representante republicano de Miles City y promotor del proyecto de ley, durante una sesión de la Cámara de Representantes en febrero de 2021.

Aunque el gobernador demócrata Steve Bullock había vetado una versión similar del proyecto de ley en 2019, calificándola de “una solución en busca de un problema”, Gianforte promulgó la ley en 2021, la cual había sido aprobada por la Legislatura, en gran medida siguiendo las líneas partidistas.

Los críticos de la ley de 2021 manifiestan que no define qué es una “ciudad santuario”, y que no existen tales ciudades en Montana. En agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista de jurisdicciones santuario en el país, y ninguna ciudad de Montana figuraba en ella.

Kelly Lynch, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades y Pueblos de Montana, dijo que el grupo se opuso a la ley cuando fue propuesta, y argumentó que arrebataba autoridad a los gobiernos locales.

“(Los gobiernos locales) son los que realizan todo el trabajo diario en las comunidades en Montana”, declaró a MTFP. “La Legislatura se reúne una vez cada dos años. Nosotros nos reunimos cada semana. Y si eso no funciona, puedes toparte con el alcalde en la tienda de comestibles, así que es mucho más eficaz para nosotros abordar los problemas a medida que surgen”.

Los líderes de Helena reportaron que la ciudad no fue notificada de las objeciones de Knudsen a la resolución antes de la conferencia de prensa del 11 de febrero. La ciudad también mantuvo que su resolución “fue redactada tras una cuidadosa consideración de las leyes locales, estatales y federales aplicable”.

El 10 de marzo, Knudsen emitió una orden de cese y desistimiento, y dijo que la ciudad debe modificar su resolución o demostrar su cumplimiento con la ley estatal, o de lo contrario enfrentar una demanda por parte del estado. Dio a la ciudad un plazo de 15 días —que posteriormente fue extendido— para que describa cómo la resolución cumple con la ley estatal, y proporcione copias de correos electrónicos y otra correspondencia relacionada.

“Las fuerzas policiales de Montana deben actuar —incluida la cooperación con las solicitudes legítimas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés)— para mantener seguras a nuestras comunidades”, escribió en la orden de cese y desistimiento.

Además escribió que, en 2024, su Departamento de Justicia declaró culpable a “un inmigrante sin autorización que apuñaló de muerte a otro hombre”. Asimismo, hizo referencia a la presencia de cárteles mexicanos en reservas indígenas de Montana.

A pesar de que los comentarios de Knudsen provocaron indignación en algunos sectores de Helena, se hacen eco de los de sus colegas republicanos electos. La delegación federal de Montana, compuesta totalmente por republicanos, ha convertido a la inmigración no autorizada en un tema prioritario en los últimos años. El senador Steve Daines ha realizado varios viajes a la frontera entre Estados Unidos y México, y en 2021 dijo que la frontera sur estaba “fuera de control” y que se trataba de una “crisis humanitaria” debido a la inmigración fuera de control. Los miembros de la delegación federal de Montana suelen vincular la inmigración no autorizada con el tráfico de drogas y de personas en el estado, y relacionan la frontera sur con la seguridad pública en las comunidades de Montana.

¿HA HABIDO UNA DISPUTA SIMILAR ALGUNA VEZ?

Los expertos refieren que las disputas sobre la legislación estatal frente a la local son relativamente comunes en Montana y en todo el país. En 2019, la Corte Suprema de Montana resolvió una disputa sobre si infringía la ley estatal una ordenanza de Missoula que exigía a quienes compraban un arma de fuego aprobar una verificación de antecedentes penales a nivel nacional. Y en 2024, la Corte Suprema estatal se pronunció sobre una disputa relativa a la autoridad de un gobierno local para regular las bolsas y las pajillas de plástico.

Pero el conflicto actual entre el fiscal general estatal y Helena se distingue en dos aspectos, según expertos jurídicos y veteranos de la política.

Constance Van Kley, profesora adjunta de la facultad de derecho Alexander Blewett III de la Universidad de Montana, dijo que las multas y sanciones vinculadas con violar la ley de ciudad santuario de 2021 podrían desincentivar a una ciudad a impugnar la legalidad de la ley, lo que de otro modo sería una opción viable.

“(Las sanciones) podrían impedir que los tribunales determinen si un conflicto existe realmente o no, o que aborden la legalidad de la medida coercitiva, debido a que la posible sanción es significativa”, agregó. “Por lo tanto, no sería irracional que un gobierno local determine que no vale la pena correr el riesgo de solicitar una aclaración sobre la legalidad de la política de la ciudad”.

Si un juez considerara el día uno de la resolución como el primer día de incumplimiento, entonces, a partir del jueves —día de la próxima reunión municipal sobre el tema—, Helena debería al estado aproximadamente 120.000 dólares.

En segundo lugar, según Racicot, la forma pública en que Knudsen y Gianforte anunciaron la investigación sobre Helena sin notificar a la ciudad con antelación fue “completamente atípica del tipo de relación que existe entre la oficina del gobernador y los funcionarios electos en otros lugares”.

Normalmente, añadió Racicot, un funcionario estatal se pondría en contacto con los líderes locales y les diría: “Necesitamos sentarnos a hablar sobre esto”. Dijo que “no cabe duda” de que la publicidad no anunciada sobre la investigación “tensará esas relaciones” entre los gobiernos estatal y locales.

Morrison, el alcalde de Bozeman, secundó esa valoración.

“Ha sido frustrante, como alcalde de otra ciudad que suele estar en la mira del gobierno estatal, ver ese alarde político tan evidente en todo esto”, declaró a MTFP.

Collins, el exalcalde de Helena, al igual que Racicot, calificó el anuncio público de Knudsen y Gianforte de “teatro político”, y manifestó que cree que los habitantes de Montana lo percibirán como tal.

“Si hemos hecho algo mal, vengan a hablar con nosotros sobre eso”, dijo Collins a MTFP. “Pero ir a la televisión y hablar de ello... ese fue un mensaje destinado a difundirse por todo el estado“.

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Este artículo fue publicado originalmente por Montana Free Press y se distribuye a través de una colaboración con The Associated Press.