México: política de contención migratoria aumenta número de accidentes
La orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de prohibir que los migrantes usen el transporte público en su ruta hacia Estados Unidos, ha obligado a miles a usar los vehículos de los coyotes, lo que ha derivado en un aumento de muertes y accidentes
La orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de prohibir que los migrantes que pasan por su país utilicen el transporte público en su ruta hacia Estados Unidos, ha obligado a miles de ellos a usar los vehículos que les ofrecen los traficantes de personas, lo que ha derivado en un aumento de muertes y accidentes, según denunciaron activistas y defensores de derechos humanos.
López Obrador ordenó el 23 de septiembre de 2021 a las empresas de transporte público y a las líneas de autobuses foráneos no dar servicio a los migrantes centroamericanos y caribeños que transitan por territorio mexicano para impedir que logren su objetivo de llegar a la frontera estadounidense a pedir asilo político.
Esta orden es parte de las medidas que el presidente mexicano ha puesto en práctica para cumplir con el trabajo que le ha encargado el gobierno de Estados Unidos de frenar la ola de migración al norte. Otras medidas que ha implementado son el uso de miles de efectivos de la Guardia Nacional y de agentes del INM (Instituto Nacional de Migración) para detener a los migrantes a lo largo de toda su ruta, desde su llegada por la frontera sur con Guatemala hasta su destino final, que es la frontera con Estados Unidos.
Las consecuencias de esta política han sido nefastas porque han fortalecido a los traficantes de personas y han aumentado los riesgos ya de por sí altos que tienen los migrantes al cruzar por territorio mexicano.
En una entrevista con el diario El Universal, el activista de la organización Pueblos Unidos Migrantes, Irineo Mujica, aseguró que, desde la orden de AMLO de prohibir el uso de transporte público a migrantes se detonó el uso de tráileres, camiones, lanchas y otros vehículos que resultan sumamente peligrosos.
Aunque siempre se han registrado accidentes, Mujica precisó que el número de tragedias y fatalidades ha aumentado de manera significativa a raíz de la implementación de la política de control migratorio implementada por el gobierno lopezobradorista.
Aumento de tragedias
Los ejemplos sobran. Tan solo tres meses después de haberse dado la orden de prohibir el uso del transporte público, el 9 de diciembre de 2021, se volcó un tráiler con migrantes en Chiapas. El accidente dejó 55 muertos y más de medio centenar de heridos. Las víctimas eran originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana e incluso México.
El caso más reciente es la tragedia ocurrida en San Antonio,Texas, donde el pasado 27 de junio las autoridades descubrieron un tráiler en el que viajaban hacinadas 67 personas. Por desgracia, 53 murieron debido al calor extremo y a que el vehículo no tenía ventilación, ni aire acondicionado. Es, hasta la fecha, el caso más mortífero de tráfico de personas en la historia reciente de Estados Unidos y una muestra clara de la desesperación de los migrantes que intentan llegar por cualquier medio a este país.
Para Mujica, es claro que quien controla el tráfico de migrantes en México es el crimen organizado. A los migrantes no les queda otra opción que recurrir a los coyotes para poder llegar a su destino, no tienen forma de comprar un boleto en un autobús que los transporte de manera segura hasta la frontera con Estados Unidos.
Rubén Figueroa, quien también es defensor de derechos humanos y de migrantes, coincidió en que la política de contención migratoria de López Obrador ha fortalecido la corrupción, las redes de traficantes y ha aumentado los accidentes y fatalidades.
Aseguró a El Universal que los cárteles que operan las redes de tráfico humano controlan el 70 por ciento de las rutas migratorias y el mismo porcentaje de migrantes. Lo más grave, denunció, es que lo hacen en complicidad con personal del INM y de otras instituciones federales.
En el horizonte, por otra parte, no se perfila ningún cambio. En el Senado de México permanece congelada una iniciativa del Partido del Trabajo que busca sancionar hasta con 32 años de cárcel a los traficantes de migrantes y funcionarios públicos implicados en la construcción o modificación de vehículos como tráileres y camionetas para transportar migrantes de manera ilegal.
Del lado estadounidense, no se vislumbra tampoco la posibilidad de flexibilizar la política migratoria y mucho menos de aprobar una reforma migratoria debido a la reticencia de los republicanos. Pese a que se ha hablado de terminar con el Título 42, que es la norma que permite expulsar a los migrantes de manera inmediata para evitar que propaguen el contagio por el covid-19, la medida se mantiene vigente por razones políticas.