Matrimonio igualitario y otros retos de la comunidad LGBT+ en México

En México, existe una clase política y una sociedad profundamente conservadora que, apegadas a sus ‘principios morales’, han rechazado por muchos años el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Muchos estudiosos creen que no es la religión per se la que se opone a la ‘unión gay’, sino las expresiones más conservadoras del credo las que podrían coartar esa posibilidad.

En EE.UU., el Partido Republicano ha sido la fuerza más crítica ante el matrimonio igualitario, el aborto y otros temas de salud sexual y reproductiva; mientras que el Partido Demócrata, en sus facciones más progresistas, han apoyado y se han movilizado para darle voz y voto a las mal llamadas ‘minorías’.

En México, ocurre algo similar que la nación vecina. Uno de los partidos políticos más antiguos del país, el PAN (Partido Acción Nacional), ha sido el principal detractor de las políticas progresistas, entre ellas, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario e, inclusive, la eutanasia, suicidio asistido y la despenalización de la marihuana. Otras corrientes políticas como el PRD (Partido de la Revolución Democrática) e, inclusive, algunas secciones del PRI (Partido Revolucionario Institucional) han propugnado por una agenda más liberal.

De acuerdo con la última encuesta lésbico-gay elaborada por la firma mexicana Ipsos, en México, el 11 por ciento de la población se consideró como “no heterosexual”. La encuesta realizada a casi 20.000 adultos entre 16 y 74 años, demostró que el tres por ciento de esa muestra se considera lesbiana, gay u homosexual; el siete por ciento, se identifica como bisexual; el uno por ciento, como asexual; y otro uno por ciento, escogió la opción “otro”.

Y, aunque México es una de los países con mayores muestras de apoyo a la comunidad lésbico-gay a nivel mundial, aún hay asignaturas pendientes que se deben atender.

En el año 2010, la Ciudad de México fue la primera de las 32 entidades de la República Mexicana en aprobar el matrimonio igualitario, es decir, la unión entre dos personas del mismo sexo. Con el paso de los años, otros estados se han unido al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual).

En 2012, Quintana Roo se unió a la lista de entidades donde el matrimonio igualitario es legal a nivel estatal; en 2014, Coahuila ingresó al listado; en 2015, Chihuahua y Nayarit; en 2016, Campeche, Colima, Michoacán y Morelos; en 2018, Chiapas; en 2019, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes y Oaxaca; en 2020, Puebla y Tlaxcala; en 2021, Sinaloa, Baja California, Sonora, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas; y hasta junio de 2022, Yucatán, Jalisco y, hasta hace unos días, el estado de Veracruz.

En el caso de Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato, las autoridades legalizaron el matrimonio igualitario por una resolución, pero su Congreso local no reformó el Código Civil del Estado, lo que invalida la unión de dos personas del mismo sexo, y las obliga a solicitar un amparo para darle certeza jurídica a su enlace matrimonial.

Desde 2015, la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) emitió la jurisprudencia 43/2015, que dictamina “inconstitucionales” todas las leyes estatales que prohíben el matrimonio igualitario en la República Mexicana; y aunque algunos estados no han modificado su ordenamientos locales, es probable que cuando una persona que quiera contraer matrimonio en un territorio donde fue aprobado la unión entre dos personas del mismo sexo, obtenga una respuesta positiva por la máxima tribuna del país.

Las entidades que aún no aprueban el matrimonio igualitario son Durango, Guerrero, Estado de México y Tabasco. En el caso de Guerrero, solo cuatro de los 81 municipios han aprobado la unión, entre ellos, Técpan de Galeana, Chilpancingo de los Bravo, Taxco de Alarcón y Zihuatanejo de Azueta.

En el caso de Tamaulipas, la SCJN inició una Declaratoria de Inconstitucionalidad para la entidad en mayo de este año, lo cual obliga a la demarcación a reformar el marco legal para reconocer el derecho al matrimonio igualitario, dando hasta 180 días para que el Congreso estatal emita las reformas necesarias.

A nivel internacional, solo 33 países han aprobado el matrimonio igualitario en su totalidad; asimismo, solo en algunos se establece la adopción homoparental. Cabe mencionar que, el primer país en aprobar el matrimonio igualitario fue Países Bajos, en el año 2000; años más tarde, se unirían países latinoamericanos como Uruguay (2012), Brasil (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019), Costa Rica (2020) y Chile (2021).

Y, aunque la República Mexicana está por alcanzar la legalidad del matrimonio igualitario en cada rincón del país, la comunidad LGBTTTI considera que la adopción homoparental es el siguiente paso, pues muchas personas quieren y exigen su derecho de formar una familia.

Las 15 entidades que permiten la adopción entre personas del mismo sexo son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Menos de la mitad de las entidades consideran inviable el que dos hombres o dos mujeres se dediquen a la crianza de un menor.

Otro aspecto a destacar es el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero y su derecho a rectificar sus documentos oficiales. En México, solo en 14 entidades es posible esta acción legal; y en Jalisco y Oaxaca, es permitido este trámite en niños o niñas menores de edad. En 2018, la SCJN inscribió una resolución, en la que asegura que “la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans”.

Gracias a este fallo, es que personas transgénero pueden ejercer su derecho a una nueva identidad en papel.

Pese a que ha habido algunos avances en derechos civiles y humanos, México es el segundo país de América Latina con más ataques a causa de la homofobia y transfobia, solo por debajo de Brasil, según informes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

Tan solo en 2020, la organización mexicana Letra S reportó 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT+; más de la mitad de esta cifra eran mujeres transgénero y casi la cuarta parte eran hombres homosexuales.

Y no solo eso. Durante los primeros años de la pandemia del covid-19, los actos de discriminación se agudizaron cada vez más en el país azteca. De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, elaborada en 2019 por el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), cerca del 49 por ciento de la comunidad lésbico-gay del país tuvo problemas en la atención médica.

Sin dejar de mencionar que, a cerca de la mitad de la población LGBT+ en México, se le ha negado –sin justificación alguna– un empleo e, inclusive, un ascenso laboral. Asimismo, la encuesta revela que tres de cada diez personas LGBT+ han tenido que abandonar sus casas antes de cumplir la mayoría de edad; y casi todos, han sufrido acoso escolar o ‘bullying’ durante su etapa formativa.