México levanta el telón para las elecciones intermedias de 2027 bajo la sombra de la violencia

Bajo la sombra de la violencia en México se inició el jueves el proceso para las elecciones intermedias de junio de 2027 en las que el partido gobernante Morena pondrá a prueba su hegemonía e intentará reponerse de los escándalos que han golpeado en los últimos meses a algunas de sus figuras.

El arranque del proceso, que se extenderá por nueve meses hasta el próximo 6 de junio cuando será la votación, lo anunció la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei, durante un acto en la sede capitalina del organismo.

La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 4 de abril, pero se permitirá a los competidores hacer precampaña entre el 4 de enero y 12 febrero próximo, previo al registro de las candidaturas pautado del 22 de marzo al 3 de abril.

En la votación, que será una de las más grande de la historia de México, se elegirán 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales.

Taddei dijo a la prensa que el organismo arranca el proceso “listo, fuerte y sólido” y aseguró que “no hay nada que preocuparse”.

Pero algunos de sus colegas del INE no opinaron igual. Durante el acto de apertura del proceso, la consejera Carla Humphrey afirmó en un discurso que la consulta se da en un contexto “complejo” y planteó que la “paz pública y el libre ejercicio de los derechos públicos exigen una postura inflexible por parte del Estado”.

En lo que va del año se han reportado al menos 72 asesinatos de políticos, funcionarios e integrantes de partidos, según estimaciones de las organizaciones locales Data Cívica y México Evalúa y el medio digital Animal Político que llevan seguimiento de las agresiones políticas en el país.

El proceso electoral más violento se dio en 2018 cuando se registraron 152 homicidios de políticos en México. Le siguió la elección general de 2024 que terminó con al menos 28 aspirantes asesinados y más de 60 ataques a políticos.

Entre escándalos e injerencia

En las semanas previas al inicio del proceso, Morena debió hacer frente a una fuerte controversia que surgió luego de que la Fiscalía de Nueva York acusó a finales de abril al gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados de narcotráfico y de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya se separó de manera indefinida del cargo el 22 de agosto tras ser criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum y otras figuras del oficialismo.

A ese controversial caso le siguió la decisión de Washington de retirarle el mes pasado la visa al político Andrés López Beltrán, uno de los hijos del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Las autoridades estadounidenses hasta la fecha no han informado que motivó esa decisión.

López Beltrán se desempeñó hasta mayo pasado como secretario de organización y segundo al mando de Morena. Dejó el cargo para competir por la candidatura del partido a diputado federal por el estado sureño de Tabasco.

Estados Unidos también le ha retirado las visas a la gobernadora oficialista del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al alcalde de la ciudad fronteriza de Nogales, Juan Francisco Gim, y al congresista federal Mario López Hernández, del partido prooficialista Verde Ecologista de México.

En mayo Sheinbaum endureció su postura hacia Estados Unidos y criticó durante un acto en la capital los procesos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, y dejó entrever que con esas acciones se buscaría influir en la política mexicana.

Para Morena la votación de junio de 2027 será crucial pues someterá al escrutinio de los mexicanos sus gobiernos regionales –-en la actualidad controla 24 de los 32 estados del país-– y la posibilidad de preservar la mayoría en la Cámara de Diputados que tiene desde 2018. Del lado de la oposición la votación también es determinante debido a que corre el riesgo de perder los estados de Chihuahua, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes y reducir su presencia a solo cuatro gobernaciones.