Legislatura de Venezuela avanza en proyecto de ley que busca reformar el polémico Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el lunes en una primera discusión un proyecto que apunta a reformar el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La primera discusión de la iniciativa se produce dos semanas después que se realizó el primer ciclo de conversaciones formales entre delegaciones del Legislativo unicameral y exdiputados de la oposición (2015-2020) en las que se acordó iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema judicial venezolano, que es señalado por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, como carente de independencia del poder político.

“Nosotros no tenemos ningún pudor ni tenemos ningún temor… de ir a fondo en una verdadera transformación del sistema de justicia”, dijo el presidente del legislativo unicameral, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, luego de la presentación del proyecto. Acotó que la selección de los magistrados se llevará “a cabo con estricto apego a la norma constitucional".

El proyecto de ley debe ser aprobado en una segunda discusión y sancionado por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

Las conversaciones, que se desarrollaron entre el 6 y 12 de agosto en Caracas, estuvieron enfocadas en la reforma de la ley del máximo tribunal, que incluiría renovar y ampliar el comité de postulaciones para la designación de todos los magistrados, así como conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ para evitar irregularidades en la designación de los magistrados.

Los adversarios del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor, el ahora depuesto presidente Nicolas Maduro (2013-2026), permanentemente han acusado al oficialismo de designar con su abrumadora mayoría a los magistrados entre sus aliados para asegurarse el control del TSJ, que durante casi tres décadas se ha convertido en un poder decisivo en la trama política venezolana con una gran cantidad de sentencias desfavorables a los críticos de los gobiernos socialistas.

El oficialismo, por su parte, ha dicho que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo cumplimiento de las leyes.

Estados Unidos fue el principal impulsor de los diálogos sobre una agenda para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

Pese al fracaso de los cuatro anteriores procesos de diálogo —entre 2017 y 2024 realizados todos fuera del país— muchos venezolanos esperan que en esta ocasión sea posible alcanzar acuerdos mínimos que permitan estabilizar y mejorar la situación de Venezuela en buena medida por la inédita situación política tras la destitución de Maduro, quien otrora acudió a los diálogos ejerciendo un control férreo del poder, mientras ahora se evidencia la influencia de Washington en el gobierno de la presidenta en funciones.

El presidente Donald Trump ha procurado trabajar estrechamente con la mandataria encargada para estabilizar Venezuela tras la salida de Maduro y abrir el país a la inversión de Estados Unidos. La gobernante, por su parte, ha enviado numerosas señales de cooperación y acercamiento entre la Casa Blanca y su administración.

La influencia de Estados Unidos se profundizó en los últimos meses luego del levantamiento de sanciones contra la presidenta Rodríguez, a quien Trump ha reconocido como la única jefa de Estado de Venezuela.

Después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa en una operación militar la madrugada del 3 de enero, Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela que incluye la estabilización, recuperación y transición democrática.