La expansión de centros de detención de migrantes en EEUU enfrenta resistencia de comunidades

Dada la fuerte tensión por las redadas migratorias federales, algunos funcionarios estatales y locales oponen resistencia a los intentos del gobierno de Trump de alojar a miles de inmigrantes detenidos en almacenes reconvertidos, instalaciones privadas y cárceles de sus comunidades.

Funcionarios federales han explorado ciudades y condados de diversas partes de Estados Unidos en busca de lugares para alojar a inmigrantes a la vez que implementan una expansión masiva de 45.000 millones de dólares de centros de detención financiada por la reciente ley de recortes de impuestos del presidente Donald Trump.

La muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de inmigración en Minneapolis han incrementado la ya intensa atención sobre la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y aumentado el escrutinio sobre sus planes para nuevos sitios de detención.

La propuesta de una instalación del ICE al norte de Richmond, Virginia, atrajo a cientos de personas la semana pasada a una tensa audiencia pública de la Junta de Supervisores del Condado de Hanover

“¿Quieren que lo que sucede en Minnesota ocurra en nuestro propio territorio? Si construyen ese centro de detención aquí, eso es exactamente lo que sucederá”, dijo la residente Kimberly Matthews a los funcionarios del condado.

Cuando se hizo público un posible centro de detención del ICE, los funcionarios electos de Kansas City, Missouri, rápidamente aprobaron una ordenanza destinada a bloquearlo. Y los alcaldes de Oklahoma City y Salt Lake City —tras expresar su preocupación por los permisos de construcción—, anunciaron la semana pasada que los propietarios no venderán ni alquilarán sus instalaciones para la detención de inmigrantes.

Mientras tanto, las legislaturas de varios estados demócratas siguieron adelante con proyectos de ley que prohíben o desincentivan instalaciones del ICE. Una medida de Nuevo México tiene como blanco los acuerdos de los gobiernos locales para detener a inmigrantes para el ICE. Y una propuesta novedosa en California busca alejar a las empresas que gestionen instalaciones del ICE mediante un impuesto del 50% sobre sus ganancias.

El número de centros de detención del ICE se ha duplicado

Más de 75.000 inmigrantes se encontraban detenidos por el ICE a mediados de enero, cifra superior a los 40.000 que había cuando Trump asumió el cargo un año antes, según datos federales publicados el martes.

En poco más de un año, el número de centros de detención utilizados por el ICE aumentó a más del doble, y alcanzó los 225 sitios distribuidos en un total de 48 estados y territorios. La mayor parte de este crecimiento se debió a contratos vigentes con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) o acuerdos para utilizar camas vacías en las cárceles de los condados.

El gobierno de Trump ahora toma medidas para abrir más instalaciones a gran escala. En enero, el ICE pagó 102 millones de dólares por un almacén en el condado de Washington, en Maryland; 84 millones de dólares por uno en el condado de Berks, Pensilvania; y más de 70 millones de dólares por uno en Surprise, Arizona. También solicitó opiniones públicas sobre la propuesta de comprar un almacén en una llanura aluvial en Chester, Nueva York.

Funcionarios federales de inmigración han visitado enormes almacenes en otros lugares, sin revelar muchos detalles sobre las iniciativas.

“Serán centros de detención muy bien estructurados que cumplirán con nuestros estándares habituales de detención”, declaró el ICE en un comunicado. “No debería ser noticia que el ICE realizará arrestos en estados de todo Estados Unidos y que trabaja activamente para ampliar el espacio de detención”.

Opositores a los centros de detención enfrentan limitaciones legales

Los gobiernos estatales y locales pueden negarse a arrendar espacios de detención al ICE, pero generalmente no pueden prohibir que empresas y propietarios privados utilicen sus propiedades para centros federales de detención de inmigrantes, dijo Danielle Jefferis, profesora asociada de Derecho en la Universidad de Nebraska, quien se especializa en inmigración y litigios civiles.

En 2023, un tribunal federal invalidó una ley de California que prohibía los centros privados de detención de inmigrantes al considerar que infringía las facultades federales. En julio, un panel de un tribunal federal de apelaciones citó argumentos similares al anular una ley de Nueva Jersey que prohibía los acuerdos para operar centros de detención de inmigrantes.

Después de que funcionarios del ICE visitaran recientemente un almacén en Orlando, Florida, como posible ubicación, las autoridades locales buscaron maneras de regularlo o impedirlo. Sin embargo, la abogada municipal Mayanne Downs les informó en una carta que el “ICE es inmune a cualquier regulación local que interfiera de alguna manera con su mandato federal”.

Los funcionarios del condado de Hanover también pidieron a su abogado que evaluara las opciones legales luego de que el Departamento de Seguridad Nacional enviara una carta en la que confirma su intención de comprar una propiedad privada para usarla como centro de procesamiento del ICE. El edificio se encuentra cerca de comercios, hoteles, restaurantes y varios vecindarios.

Aunque algunos residentes expresaron su preocupación de que un centro del ICE podría agotar los recursos del condado, es poco lo que el condado puede hacer para oponerse, manifestó Sean Davis, presidente de la Junta de Supervisores.

“El gobierno federal generalmente está exento de nuestras regulaciones de zonificación”, agregó Davis.

Kansas City intenta bloquear un nuevo centro de detención del ICE

A pesar de fallos judiciales en otros lugares, el Ayuntamiento de Kansas City votó en enero a favor de imponer una moratoria de cinco años a los centros de detención no administrados por la ciudad. La votación se produjo el mismo día en que funcionarios del ICE visitaron un almacén de casi 93.000 metros cuadrados (1 millón de pies cuadrados) como posible ubicación.

Manny Abarca, legislador del condado, dijo que inicialmente amenazaron con acusarlo de invadir propiedad privada cuando se presentó en el lugar, pero finalmente se le permitió entrar en las instalaciones, donde un subdirector de la oficina de campo del ICE le informó que buscaban un sitio con capacidad para 7.500 camas.

Abarca intenta fortalecer la resistencia de Kansas City al proponer una moratoria a nivel de condado sobre permisos, cambios de zonificación y planes de desarrollo para centros de detención no administrados por el condado ni por una ciudad.

“Cuando el poder federal pone a las comunidades en tensión, el gobierno local tiene la responsabilidad de actuar donde tenemos autoridad”, subrayó.

A medida que han surgido otras propuestas del ICE, funcionarios de Social Circle, Georgia; Merrillville, Indiana; El Paso, Texas; y Roxbury Township, Nueva Jersey, han expresado sus preocupaciones por la falta de capacidad de abastecimiento de agua y de alcantarillado para transformar los almacenes en centros de detención.

Los funcionarios de Leavenworth, Kansas, buscan que CoreCivic, operador privado de prisiones, cumpla con los requisitos establecidos. Una comisión de planificación de la ciudad aprobó el lunes un permiso de tres años que CoreCivic necesitaría para reabrir una prisión clausurada como centro de detención del ICE con capacidad para albergar a hasta 1.000 detenidos.

A nivel nacional, queda por ver si los gobiernos locales pueden disuadir la construcción de centros del ICE mediante permisos y regulaciones de construcción.

“Actualmente, estamos en un momento donde eso se pone a prueba”, dijo Jefferis. “Así que no hay una respuesta clara sobre cómo se pronunciarán los tribunales”.

Nuevo México se centra en las instalaciones existentes del ICE

La Cámara de Representantes de Nuevo México, de mayoría demócrata, aprobó el viernes una ley que prohíbe los contratos de los gobiernos estatales y locales para centros de detención del ICE, y la envió al Senado. Proyectos de ley similares están pendientes en Hawai, Massachusetts, Nueva York y Rhode Island.

El Centro de Procesamiento del Condado de Otero, a 40 kilómetros (25 millas) del centro de El Paso, Texas, es una de las tres instalaciones privadas del ICE que podrían verse afectadas por la legislación de Nuevo México. La instalación incluye cuatro salas de tribunales de inmigración y espacio para más de 1.000 detenidos. El condado financió su construcción en 2007 con la intención de utilizarla como fuente de ingresos, y planea liquidar la deuda restante de 16,5 millones de dólares para 2028.

Roy Nichols, fiscal del Condado de Otero, dijo que el condado está preparado para demandar a la Legislatura en virtud de una ley estatal que impide el deterioro de los bonos fiscales pendientes.

Los republicanos advirtieron sobre la pérdida de empleos y las consecuencias económicas si la legislación obliga al cierre de los centros de detención de inmigrantes.

No obstante, la representante estatal demócrata Sarah Silva, quien votó a favor de la prohibición, expresó que sus electores, en una zona con una población mayoritariamente hispana, consideran la instalación del ICE como una carga.

“Nuestro estado no puede ser cómplice de las violaciones que el ICE ha estado cometiendo en lugares como Minneapolis”, dijo Silva. “Para mí, eso ya superó el punto de inflexión”.