Justicia de Perú rechaza anular investigación por encubrimiento en contra de presidenta Boluarte
La justicia de Perú negó el jueves un recurso presentado por la defensa de la presidenta Dina Boluarte para anular una investigación de la Fiscalía en su contra por “encubrimiento personal” al presuntamente desactivar un equipo de élite de la policía que apoyaba investigaciones de alta relevancia política y que involucraban a su entorno.
El recurso pedía anular las declaraciones brindadas por dos testigos dentro de la investigación, alegando que su calificación de “secretas” no había sido motivada por la Fiscalía, así como tampoco la ampliación de otras declaraciones.
El juez Juan Carlos Checkley declaró “infundada” la acción de tutela solicitada por los abogados de Boluarte, al considerar que la decisión del Ministerio Público de declarar reservados los testimonios estaba “debidamente justificada”, indicó el Poder Judicial en un mensaje de su cuenta X, antes Twitter.
Más de un año atrás, el gobierno de Boluarte desactivó al grupo de élite que asistía a la Fiscalía en la investigación de casos que involucraban al entorno de la mandataria, como su hermano Nicanor Boluarte, procesado por supuestamente integrar una organización criminal de tráfico de influencias, entre otras autoridades.
Según la acusación del Ministerio Público, Boluarte intentó “sustraer” de la investigación penal a su hermano, hizo “ofrecimientos ilícitos” a la ex autoridad del grupo policial de élite – a través de su abogado también procesado- y desarticuló dicha unidad, citó el Poder Judicial.
El juez también desestimó el pedido de declarar nula la denuncia constitucional de la Fiscalía en contra de la mandataria por carecer de competencia, pues el caso ya había sido presentado ante el Congreso, que es la instancia competente para decidir si levanta el fuero del que goza Boluarte.
En Perú los presidentes cuentan con inmunidad hasta cinco años después de culminar su mandato. Pero si la Fiscalía efectúa una denuncia ante el Congreso, éste puede autorizar que esa autoridad, apenas deje la presidencia, pueda ser juzgada por la Corte Suprema.
A finales de mayo, el Congreso archivó otro pedido del Ministerio Público para levantar el fuero de Boluarte e investigarla por el uso de relojes de lujo donados por un gobernador que supuestamente habría sido beneficiado con varias leyes en su favor.
Boluarte tiene una popularidad de apenas 3,6%, según un estudio realizado en mayo por el Instituto de Estudios Peruanos y ha indicado varias veces que dejará el poder en 2026 con “las manos limpias”.