Justicia de Bolivia ordena verificar plazos de cumplimiento de prisión preventiva contra opositores
La justicia de Bolivia ordenó el viernes verificar de forma inmediata el cumplimiento de plazos de las medidas cautelares de prisión preventiva impuestas a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros dos líderes opositores quienes están en las cárceles por procesos derivados de la crisis política de 2019 que precipitó la caída del entonces presidente Evo Morales.
El instructivo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Romer Saucedo, instruye a los jueces “resolver lo que en derecho corresponda” en el caso de Áñez, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, así como del también encarcelado dirigente opositor Marco Antonio Pumari. No entró en detalles sobre la medida.
Camacho lideró multitudinarias protestas en 2019 junto al líder cívico Pumari que derivaron en la renuncia de Morales tras las elecciones de ese año que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció como fraudulentas. Las protestas dejaron 37 fallecidos.
Camacho está en prisión preventiva desde diciembre de 2022 t ras encabezar una huelga en su región Santa Cruz en contra del actual gobierno del presidente Luis Arce. Enfrenta cinco procesos, entre ellos por supuesta sedición y conspiración.
“Esperamos que el gobernador Camacho pueda recobrar su libertad”, señaló su abogado Martín Camacho, sin lazo familiar, a medios locales tras conocerse la instrucción del alto tribunal.
Áñez, mientras tanto, fue encarcelada desde marzo de 2021 y condenada un año después a 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución durante su mandato interino de un año, aunque la exgobernante ha apelado esa pena argumentando que se dio en una instancia que no correspondía legalmente.
Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ha reclamado su derecho a ser juzgada en un juicio de responsabilidades, como expresidenta, en varios otros procesos que tiene en su contra, entre ellos por la muerte de manifestantes en 2019.
“En estos procesos se ha hecho un uso excesivo de la detención preventiva y lo hemos denunciado”, señaló su abogado, Luis Guillén.
Áñez, Camacho y Pumari —estos dos últimos no tienen condenas— se han declarado “presos políticos” y han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la vulneración de sus derechos y del debido proceso. Sin embargo, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, ha dicho que en el país andino no existen presos políticos.
Diversos organismos, entre ellos la CIDH, han cuestionado la falta de independencia de la justicia boliviana.