Justicia argentina ratifica causa que investiga crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela

La justicia de Argentina ratificó la investigación en curso en tribunales de este país de los supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados durante la gestión del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos luego de ser capturado el sábado en Caracas.

La Cámara Federal de Buenos Aires confirmó la víspera la causa abierta para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela bajo el principio de justicia universal en un fallo al que Associated Press tuvo acceso el jueves.

La justicia del país sudamericano tiene antecedentes en este campo al haber abierto investigaciones contra gobernantes y políticos de otros países por presuntos delitos de lesa humanidad que no obstante no han culminado en detenciones o extradiciones. En el derecho penal internacional, Argentina es considerada una nación modelo por el histórico juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos.

El fallo de la cámara es en respuesta a la defensa de Justo José Noguera Pietri, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del gobierno de Maduro, que solicitó la nulidad de la causa en su contra al desconocer la jurisdicción de la justicia argentina para juzgar hechos que sucedieron en Venezuela.

El caso se remonta a 2023, cuando la justicia argentina inició un proceso contra Maduro y varios integrantes del gobierno venezolano —entre ellos Noguera Pietri y el ministro del interior Diosdado Cabello — por la detención ilegal y aplicación de torturas a varios disidentes y manifestantes opuestos al gobierno durante las multitudinarias protestas en Venezuela.

En ese marco, el juez federal Sebastián Ramos ordenó la captura de Maduro y los demás imputados.

Sin embargo, Noguera Pietri había solicitado la nulidad de la causa. Igualmente pidió una exención de prisión, un recurso que le daría la posibilidad de presentarse en los tribunales sin el riesgo de quedar detenido, al tener una orden de detención vigente.

Ambos pedidos fueron negados por el tribunal.

“Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación y teniendo en cuenta los fines esenciales y tuitivos del derecho de gentes, de jurisdicción universal y de evitación de mayores daños”, consideró la corte en su decisión.

La investigación que adelanta la justicia federal por “ataques sistemáticos y generalizados a la población civil venezolana en forma contundente e ininterrumpida desde el año 2014” se basa en el principio de justicia universal para delitos graves como crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio, que permite juzgar a perpetradores sin importar el lugar del crimen o la nacionalidad de la víctima basándose en la gravedad del delito.

En este marco, tras conocer la detención de Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el fiscal Carlos Stornelli pidió por su lado al juez Ramos que solicite la extradición del líder socialista a Argentina para que sea indagado por crímenes de lesa humanidad por los cuales está acusado en el país.

El fallo de la cámara y el pedido de Stornelli se producen en momentos en que el presidente argentino, Javier Milei, ha elogiado la intervención estadounidense en Venezuela intensificando con ello su alineación con la administración de Donald Trump.

En 2022, la justicia federal argentina inició una investigación penal al presidente de Nicaragua Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad. En 2010 abrió una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.

Los fiscales y jueces impulsores de estas causas consideraron que están facultados para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país alegando que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.

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La periodista de AP Nayara Batschke contribuyó a esta nota desde Santiago,de Chile.