Juez peruano ordena detención de trabajadores colombianos en una isla en medio de disputa fronteriza
La justicia peruana ordenó el jueves siete días de detención preliminar para dos trabajadores colombianos arrestados el martes en una isla ubicada en el río Amazonas disputada por Perú y Colombia.
El juez peruano, César Vela, ordenó que los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia deben permanecer en la isla Santa Rosa mientras la fiscalía los investiga por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional. La decisión fue divulgada mediante la transmisión de la audiencia por la televisora del Poder Judicial.
La policía peruana detuvo a los colombianos mientras realizaban mediciones con un equipo de georreferenciación en la isla Santa Rosa. Uno de ellos fue liberado, pero otros dos —el topógrafo Carlos Sánchez y el transportista John Amia— quedaron detenidos.
Es el tercer incidente binacional en la zona desde que el presidente colombiano Gustavo Petro desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla Santa Rosa el 5 de agosto.
Dos días después, un avión militar colombiano la sobrevoló y el lunes el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó que plantó una bandera colombiana allí, la cual fue retirada más tarde por la policía peruana.
Según Colombia, los detenidos realizaban estudios para medir la profundidad de los cuerpos de agua como parte de la ampliación de un muelle en la fronteriza ciudad colombiana de Leticia. La policía peruana aseguró que los trabajadores no tenían autorización para realizar las mediciones.
La detención de los trabajadores colombianos provocó que el presidente Petro calificara el arresto como un “secuestro”, mientras que la cancillería peruana rechazó las declaraciones de Petro.
El territorio en disputa es una pequeña isla de más de 27 kilómetros cuadrados (10 millas cuadradas) en medio del Amazonas que surgió a mediados del siglo pasado. Actualmente viven en el lugar unas 3.000 personas, distribuidas en más de 10 aldeas.
La isla tiene problemas básicos como la falta de agua potable, escasa oferta educativa y de salud, según reportes de la prensa y de la policía. También sufre de delincuencia transfronteriza —incluido narcotráfico y trata de personas— debido a la escasa presencia estatal.