Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”, obligó al gobierno de AMLO a liberar a Ovidio

La Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) sufrió un ataque cibernético por parte de un grupo de hackers denominado Guacamaya, que extrajo seis TB (terabytes) de información confidencial de los servidores de los militares, organización se denomina a sí misma como feminista, anárquica y anticolonialista, en lucha contra la militarización, la represión y las élites patriarcales que imponen el servicio militar a los jóvenes de Latinoamérica.

En un comunicado de prensa, la organización reveló que también hackeó las fuerzas armadas de Colombia, Chile, Perú y El Salvador, pues consideran que los ejércitos y los cuerpos policiacos en América Latina no sirven para cuidar a la población de una guerra o invasión, sino a los gobiernos de élites “criollas” que despojaron de sus territorios a los habitantes nativos de la región.

Los documentos, que incluyen textos, archivos adjuntos, cartas y videos, abarcan el periodo de 2016 hasta septiembre de 2022; muestran, entre otras cosas el “minuto a minuto” de lo que sucedió en Culiacán, Sinaloa, cuando Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue detenido y puesto en libertad el 17 de octubre del 2019.

“Nos criticaron mucho cuando decidimos dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán, yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende”, declaró Andrés Manuel López Obrador el 30 de julio del 2019 al justificar la orden de liberar al capo.

El operativo duró 4 horas con 15 minutos, tiempo que a “Los Chapitos” les bastó para vencer al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador según el resumen de las propias fuerzas armadas.

El Ejército establece que a las 15:15 horas de ese mismo día, se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, cumplimentando una orden de aprehensión, girada el 2 de abril del 2018, por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.

Según el mismo informe, a las 15:17 horas del 17 de octubre del 2022, “los efectivos de seguridad invitan a Ovidio Guzmán López a persuadir a sus hermanos de cesar su ‘actitud hostil’ de los integrantes de las células; el líder del Cártel de Sinaloa estableció comunicación directa con Iván Archivaldo Guzmán, conminándolo a ordenar el cese de las agresiones, pero su hermano respondió con una negativa y lanzó amenazas en contra del personal militar y sus familias”.

En la información oficial difundida por el gobierno federal tras el operativo no se había revelado que Ovidio estableció comunicación directa con su hermano mayor, líder del cártel y quien ocupó el lugar que dejó vacante “El Chapo” al ser detenido y extraditado a los Estados Unidos.

“Su hermano respondió con una actitud negativa y lanzó amenazas en contra del personal y su familias”, apunta el documento publicado por Latinus.

Sin embargo, durante casi cuatro horas la ciudad fue sitiada por civiles a bordo de camionetas con armas de asalto de alto calibre, además, rodearon el complejo en donde habitan las familias de los militares destacados en la región. El enfrentamiento dejó 9 personas muertas (el gobierno federal informó que habían sido 8) encontradas en vehículos calcinados, tanto particulares como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

“A las 19:30 horas, se recibe la orden por parte del C. Presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, al tomar la decisión con personal del Gabinete de Seguridad, con el fin de que cesen los desmanes, y las Fuerzas Operativas se replieguen, después de los hechos que se suscitaron en Culiacán, Sinaloa, por el operativo en contra de Ovidio Guzmán”, indica el cable.

En el informe que ofreció el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, tras lo ocurrido, se dijo que la orden del jefe del Ejecutivo federal, se había recibido a las 19:49, por lo que se desconoce qué sucedió en ese lapso de tiempo.

La coordinación del operativo estuvo a cargo de Alfonso Durazo, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a pesar de que desde la opinión pública se exigía su renuncia, López Obrador asumió la responsabilidad y lo mantuvo en el cargo hasta el 2021 en que decidió perseguir la gubernatura de Sonora, que ganó en las elecciones de junio.

“Con el propósito de salvaguardar el bien superior, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, el gabinete de seguridad determinó suspender las acciones operativas con los elementos militares,  y trasladarse a Culiacán para conducir las acciones correspondientes”, refirió Durazo aquella noche del 17 de octubre, sin mencionar la orden de López Obrador.

El objetivo de esta nueva organización, que puede ser comparada con Anonymous, es evidenciar la corrupción que, aseguran, ejercen los ejércitos y las policías, que los convierte “en seres insensibles, apáticos, personas violentas y peligrosas” que atacan a los pobres en calles y selvas.

“El ejército es una fábrica de asesinos, violadores y personas paranoides. Ninguna persona que haya pasado por sus filas, vuelve a ser una persona sana a nivel mental. Es sabido del uso de drogas (speed, LSD, anabolizantes, etc.) en bebidas y comida para los jóvenes soldados”, afirma el colectivo de hackers.

“Presidente López Obrador, solo usted sabe la información que viene y saldrá a la luz. Tome una buena decisión y #AMLORenunciaYa”, dice un tuit de la cuenta de la organización, que ya tiene más de 13.000 seguidores.

“IMPORTANTE No nos interesa la política Mexicana, pero hay una línea delgada entre la no intervención y la desgracia de toda una nación”, dice otra publicación.

Guacamaya informó que también obtuvo 4TN de la Policía Nacional de El Salvador y 50 GB (gigabytes) de la Fuerza Armada; 256 GB del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia; 36 GB del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y 70 GB del Ejército.

Además, condenan las intervenciones del gobierno de Estados Unidos en la región mediante la promoción de golpes de Estado y el entrenamiento que han brindado a los ejércitos de América Latina.