Investigación sobre asesinato de alcalde en México se extiende a escoltas del político
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó el martes que la investigación sobre el asesinato de un popular alcalde del estado de Michoacán, en el occidente de México, se ha extendido también a sus escoltas después de que el gobernador del estado dijera que el agresor del político, un joven de 17 años, fue abatido después de haber sido detenido.
“Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar”, incluido el que reconoció haber disparado al agresor, dijo García Harfuch durante la conferencia presidencial matutina.
Agregó que también se analiza tanto el arma que mató al agresor como la que disparó al alcalde. No especificó si también se investiga a los 14 guardias nacionales que completaban su seguridad.
Carlos Manzo, alcalde de la ciudad de Uruapan, ubicada a 400 kilómetros al oeste de Ciudad de México, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos.
Según explicó el lunes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se investigan las razones por las que se disparó al agresor y si hubo un uso excesivo de la fuerza “porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”.
También se revisa "qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”.
El gobernador agregó que los ocho escoltas municipales habían sido seleccionados por el propio alcalde.
El secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla, garantizó que el protocolo de la Guardia Nacional “no falló, falló otro” y dijo que si Manzo hubiera aceptado que solo fueran guardias nacionales quienes le protegieran seguramente “se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.
Manzo era un político independiende de 40 años que había levantado la voz contra la corrupción de autoridades, las extorsiones y la violencia. Los fiscales vinculan el crimen a la acción del crimen organizado, muy presente en esa región, pero no descartan otras hipótesis.
García Harfuch indicó que la fiscalía federal está analizando si atrae o no la investigación.
El crimen llegó semanas después del homicidio de un líder limonero también muy popular que había denunciado las grandes extorsiones a las que eran sometidas los productores del campo, por lo que la indignación acumulada por ambos crímenes desencadenó protestas populares y llevó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a anunciar un nuevo plan especial para Michoacán que supone el envió de más militares y más de 3.000 millones de dólares en inversiones.
Michoacán es uno de los siete estados con más homicidios de México y desde hace décadas representa un reto para los presidentes mexicanos en cuestión de seguridad que nadie ha resuelto todavía.
Diversos grupos del crimen organizado luchan por el control territorial para fabricar y transportar drogas o precursores químicos con los que fabricar fentanilo y metanfetaminas a través del crucial puerto de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico. Pero también atemorizan a la población a través de las extorsiones no solo a los productores de aguacate y limón —dos importantes fuentes de ingresos del estado— sino que, en algunos lugares, las exigencias de cuotas llegan a todos los negocios.
El objetivo del actual plan del gobierno federal es intentar que los grupos criminales se muevan de un estado a otro, incrementar las acciones de inteligencia en la lucha contra el crimen, frenar las extorsiones y generar más espacios pare evitar que los jóvenes se involucran con los cárteles.