El temor por la delincuencia en Chile hace que la gente use más servicios de seguridad privada

Rodeado de montañas y océanos, Chile ha sido considerado históricamente un país seguro, especialmente en comparación con otras naciones de la región. Sin embargo, en los últimos años los chilenos han experimentado una creciente inseguridad tras la llegada de bandas criminales que han expuesto al país a delitos violentos antes poco comunes.

Pese a la aún relativa baja cifra de asesinatos comparada con otros países —en 2024 se registraron 1.207 homicidios, lo que representa una ligera caída frente a 2023— el temor a la inseguridad no ha cedido en buena parte porque, según datos oficiales, casi el 40% de los hogares fueron atacados el año pasado y cerca de 30% de las personas fueron víctimas de algún delito.

“Nosotros siempre nos referimos a un punto de inflexión que es el año 2021, donde empezamos a ver un aumento de casos ligados al crimen organizado transnacional”, explicó a The Associated Press el jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, Hassel Barrientos.

Con él se instauraron en el país nuevas “dinámicas delictivas” hasta entonces poco frecuentes como “el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas, homicidios en contexto de sicariato y robos por sorpresa de teléfonos celulares con el fin de obtener la información asociada a los bancos”, agregó.

La aparición de estos delitos ha impactado directamente en cómo los chilenos perciben la inseguridad: un informe publicado en octubre por el centro de estudios Fundación Paz Ciudadana halló que un 23,8% de los consultados consideró “bastante o muy probable” ser víctima de un homicidio en los próximos 12 meses, mientras un 21,3% opinó lo mismo sobre ser secuestrado.

Frente a este complejo panorama, el miedo ha llevado a la población a actuar por cuenta propia.

“Varios clientes sufrieron robos, entonces tuve que instalar cámaras de vigilancia remota, pasé a encadenar las mesas y en los días de fin de semana contraté un guardia para ayudar a vigilar”, explicó a AP la microempresaria Leidy Paredes.

Propietaria de un café en el concurrido barrio Bellavista de la capital, conocido por la vasta cartelera de bares y discotecas, tuvo que recurrir a la seguridad privada luego de que la zona se convirtiera en un atractivo punto para los asaltos.

“Se siente en bolsillo, pero al fin y al cabo la tranquilidad de mis clientes no tiene precio”, aseguró.

El auge de la seguridad privada

Karim Zahri es el jefe de escoltas de Allvip, una empresa de protección con más de 28 años de experiencia. En los últimos dos años su equipo se ha visto abrumado por la constante demanda de sus servicios que incluyen guardaespaldas, automóviles blindados o traslados seguros.

“Antes eran empresarios, eran directores de compañías, ahora hay gente común y corriente que te pide que vayas a cuidarle al matrimonio, que acompañe a los hijos a una fiesta”, explicó en una entrevista con AP. “Cosas tan cotidianas que hacíamos día a día tranquilos, pero ahora mucha gente siente temor”.

Si hace un par de años Zahri recibía 10 pedidos de presupuesto para nuevos clientes cada semana, actualmente ese número saltó a entre 40 y 50.

“Tenemos todo el personal trabajando y nos piden más. A veces no podemos tomar servicio porque ya no contamos con personal para hacerlo”, señaló.

La dueña de un negocio en Macul, en el sur de Santiago, contó que sufrió dos ataques a punta de pistola cuando llegaba a su casa. En uno de ellos los asaltantes intentaron irrumpir en la vivienda y terminaron agrediendo a su madre. Desde entonces, la mujer de 49 años —que pidió no ser identificada por temor a represalias— ha colocado cámaras de seguridad y alarmas en su casa y contrata a un acompañante cada vez que va al banco.

En Chile funcionan 5.651 empresas de seguridad privada, un sector que registró un exponencial crecimiento del 350% en la última década, de acuerdo con un estudio publicado en diciembre de 2024 por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

La entidad observó además un incremento del 416% en las ventas de ese rubro en igual período —que sólo en 2023 totalizaron 2.857 millones de dólares—.

Ante tareas rutinarias como llevar a los niños al colegio o acudir a alguna reunión social, los chilenos con mayor poder adquisitivo se permiten desembolsar 200 dólares por un servicio básico de escolta de 10 horas.

“Algunos clientes a veces piden que los acompañen sólo para que puedan salir tranquilos. Se tomarán dos o tres tragos y saldrá la cuenta como 150.000 pesos (150 dólares) y con nosotros le sale el triple”, dijo Zahri. “Pero buscan poder regresar a sus casas tranquilos, que no les hagan un ‘portonazo’ (que se metan en sus casas al llegar) o que no los asalten”.

Los que no pueden permitirse andar con escoltas se aferran a otras medidas para evitar el delito.

“Vehículos blindados, blindaje para controles de acceso, cañones de niebla, humo y antirrobo; sistemas de seguridad vehicular como corta corriente, inmovilizadores”, detalló a AP Werner Ossandón de la empresa Biat Defense, operativa desde 2019.

Los clientes de Ossandón van desde “empresarios que buscan una escolta en vehículos blindados para llevarlos desde el hotel a una reunión” hasta la “persona común que quiere ir al banco a retirar dinero en efectivo”, servicios que oscilan entre los 500 y los 30.000 dólares.

“La seguridad que el Estado tiene la obligación de otorgar a las personas, al ser deficiente, está haciendo que este gasto sea cubierto por el privado, lo cual obviamente ha llevado también a generar un nicho de trabajo nuevo”, comentó a AP Sergio Morales, coordinador de seguridad de la CNC.

Un año electoral clave

El próximo domingo los chilenos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente en unas polarizadas elecciones en las que la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se perfilan como los favoritos.

Ambos se han alternado en la cabeza de las principales encuestas y han centrado sus campañas en la seguridad con propuestas similares, que pasan por el fortalecimiento de la policía, la ampliación de la capacidad carcelaria del país, la modernización y adquisición de nuevos equipamientos y la capacitación de los agentes de seguridad.

Kast apunta a una política de mano dura. “Vamos a recuperar el orden, la seguridad, el poder y la autoridad del Estado”, sostuvo en un discurso reciente.

Por su parte, Jara aspira a dar continuidad a las políticas impulsadas por el saliente presidente Gabriel Boric, de quien fue ministra de Trabajo y cuyo gobierno ha fomentado una serie de medidas para frenar la crisis de violencia.

“Hay que fortalecer la presencia del Estado a nivel policial y a nivel carcelario, pero a nivel de los barrios y de la comunidad también es muy importante”, afirmó Jara al ser consultada por AP.

Entre las medidas que entraron en vigor recientemente destacan la creación de un Ministerio de Seguridad, la aprobación de una nueva ley antiterrorista y la implementación de unidades específicas dedicadas al combate de diferentes brazos del crimen organizado como las brigadas antinarcóticos o antisecuestros.