Informe revela que estallido en Chile dejó más de 20.000 víctimas, la mayoría por violencia policial
A seis años del estallido social que sacudió a Chile en las masivas y violentas protestas para pedir transformaciones estructurales y una nueva Constitución, un estudio inédito divulgado por la Fiscalía el viernes reveló que en esos sucesos se registraron más de 20.000 víctimas por diversos delitos, entre ellas 464 que sufrieron trauma ocular por la violencia institucional perpetrada por agentes del Estado.
En Informe Estadístico del Estallido Social, el Ministerio Público analizó los delitos y violaciones ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, con base en 32.901 causas registradas en todo el país.
"Estas estadísticas actualizadas permiten dimensionar el impacto que significó el estallido social", afirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el informe, al calificar el periodo como un “escenario excepcional” que ha generado “un impacto directo en el Sistema de Justicia Penal, que debió enfrentar un aumento significativo en el número de denuncias”.
Agregó que también “el sistema penal se vio desafiado, no solo por el volumen de casos, sino también por la complejidad y gravedad de los delitos, muchos de los cuales presentaban una baja frecuencia en la operación diaria”, como los vinculados a violaciones de derechos humanos o atentados contra la autoridad.
El estudio halló que, en total, se han registrado 35.146 delitos, que han derivado en 21.766 imputados y 20.727 víctimas - entre las cuales destaca la violencia institucional cometida por agentes del Estado, que ha representado un 34,1% del total. A esta modalidad siguieron los delitos de saqueos y contra la propiedad con un 31,7%, y desórdenes públicos con un 22,7%.
El informe señala que 30 personas perdieron sus vidas en lo que está considerado como los más violentos disturbios en Chile desde la redemocratización del país, en 1990. Siete de ellas murieron a manos de la violencia estatal, mientras que las demás se produjeron debido a incendios (14) y desórdenes públicos (9).
La fiscalía detectó 12.002 delitos de violencia institucional perpetradas por agentes del Estado, que resultaron en un total de 11.183 víctimas, de las cuales 464 han sufrido trauma ocular.
Además, el 84% de ellos sufrió lesiones por proyectiles y 230 personas tuvieron algún grado de pérdida visual, dentro de las cuales se reportaron dos casos de ceguera total bilateral, agregó el documento.
Entre los delitos cometidos por el Estado figuran apremios ilegítimos, abusos contra particulares, lesiones graves y torturas cometidas por funcionarios públicos, entre otros, según el Ministerio Público.
Sin embargo, pese a la gravedad de las causas, la mayoría fueron cerradas sin condenas debido a la dificultad de identificar a los responsables de los delitos —de las cerca de 12.000 denuncias por violencia institucional, solo 219 terminaron con sentencia condenatoria—.
Chile vive desde hace unos años un periodo de convulsión social y política. En 2019, la reprimida insatisfacción popular explotó en un violento estallido social al que se siguieron multitudinarias protestas en las que centenares de miles de chilenos ocuparon las calles para exigir mejores pensiones, salud y educación, así como la redacción de una nueva Constitución para reemplazar la actual, que data de 1981, cuando el país se encontraba bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad y se saldaron con 30 muertos y miles de heridos. Asimismo, llevaron a la redacción de dos nuevas propuestas constitucionales, pero ambas fueron rechazadas y actualmente la mayoría de las demandas para terminar con la desigualdad siguen sin respuestas.