Histórica central sindical de Argentina paraliza el país contra reforma laboral de Milei

La histórica central sindical de Argentina encabezaba el jueves una huelga general de 24 horas en todo el país contra la reforma laboral propuesta por el presidente ultraliberal Javier Milei, mientras el proyecto de ley enfrenta una tramitación incierta en el Congreso.

La medida de fuerza, la cuarta contra el mandatario, se cumplía con alto acatamiento por la decisiva adhesión de los gremios del transporte. En Buenos Aires los trenes de pasajeros y el metro no circulaban, mientras unas pocas líneas de autobuses contaban con un servicio mínimo.

La mayoría de los aviones permanecían en tierra en sus dos aeropuertos, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar cientos de vuelos locales e internacionales.

Los hospitales funcionaban con servicios limitados y no había actividad en establecimientos educativos, bancos ni recolección de residuos. También se adhirieron los obreros de la construcción y de industrias.

Esta demostración de fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las centrales obreras más combativas de la región a lo largo de la historia, busca hacer naufragar en el Congreso un proyecto de reforma laboral que los gremios consideran regresivo para los derechos de los trabajadores.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación del Senado y será debatida este jueves en la Cámara de Diputados. Hasta última hora del miércoles el oficialismo negociaba con bloques de la oposición el apoyo al proyecto que en sus ejes principales propone bajar los costos laborales y limitar el derecho a la huelga.

Milei considera crucial la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen un empleo informal.

Los sindicatos argumentan que la ley debilitará las protecciones tradicionales de los trabajadore al reducir las indemnizaciones por despido, tradicionalmente elevadas; ampliar a más actividades la calificación de esencial —lo que obliga a los gremios a ofrecer servicios mínimos en caso de huelga— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.

“Si avanzan contra los derechos de las y los trabajadores, avanzan contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian”, advirtió la CGT en un comunicado.

Según estimaciones sindicales, aproximadamente el 40% de los 13 millones de trabajadores registrados de Argentina pertenecen a sindicatos y muchos están estrechamente aliados con el peronismo, que dominó la escena política durante décadas.

La feroz reacción sindical ha frustrado los intentos previos de sucesivos gobiernos por reformar el código laboral argentino, considerado uno de los más costosos para las empresas en Latinoamérica.

Milei, quien se encontraba en Washington para la reunión inaugural de la iniciativa de la Junta de Paz impulsada por su aliado Donald Trump, decidió avanzar en la reforma tras el triunfo en las elecciones de medio término en octubre que le permitieron al partido gobernante La Libertad Avanza ampliar sus bancas en el Congreso.

El gobierno aspiraba a que la reforma se convierta en ley esta semana, pero el rechazo de la oposición a un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad lo forzó a conceder ajustes al texto procedente del Senado para garantizarse los votos.

El artículo en cuestión modificaba el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

Con su eliminación, si el proyecto es aprobado en la cámara baja deberá regresar al Senado para su sanción definitiva la próxima semana.

Si bien la CGT convocó al paro sin movilización, los sindicatos más combativos de izquierda y agrupaciones políticas del mismo signo tenían previsto marchar hacia el Congreso, donde el gobierno montó un fuerte operativo de seguridad.

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La periodista de AP en Buenos Aires, Isabel De Bre, contribuyó en este reporte.