Ejército tiene conocimiento de decenas de casos de abuso sexual y los mantiene ocultos e impunes

Ha comenzado a revelarse el contenido de los correos electrónicos que la organización Guacamaya hackeó de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y el lunes, El País dio a conocer que, entre lo que se ha analizado, puede confirmarse que hay decenas de casos de acoso y abuso sexual que se mantienen impunes al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La información, que publicaron Georgina Zerega y Elena Reina, se encontró en más de 1.000 archivos que cuentan los abusos cometidos por parte de cargos superiores contra subalternas e, incluso, contra civiles. Los casos también incluyen prácticas en grupo, como tortura y violaciones grupales, que hasta ahora la institución ha mantenido en secreto sin establecer medidas o protocolos para prevenirlos o enfrentarlos.

Los correos revelan que en el Ejército mexicano, denunciar el acoso o el abuso sexual es una pesadilla para la víctima que, como regla general, es ignorada, dada de baja o trasladada a otro sitio.

“Me dijo: ‘Esta vez te voy a perdonar, que sea la última porque la próxima vez es bote’, refiriéndose a la prisión militar”, dice en uno de los documentos que revela cómo uno de los mandos dejó pasar una acusación de acoso sexual y abuso de autoridad contra un cabo de Punta Naranjos, Chihuahua.

La documentación, encontrada en millones de correos electrónicos, comprueba que la Sedena tiene pleno conocimiento de las denuncias en las que están implicados al menos 42 militares de los que, unos pocos fueron sometidos a proceso y están en prisión, otros continúan en proceso; mientras la mayoría se mantienen en activo.

Parte de los informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual; mientras que reflejan un mismo modus operandi de los agresores, quienes se justifican en el cargo para hacer que sus víctimas sean vulnerables.

“Ellas obedecen al teniente o al capitán y son acorraladas. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, en muchos casos en que acusaron a sus jefes fueron amenazadas con la idea de que nadie les iba a creer o, si se encontraban en destinos aislados o alejados, les recordaban que allí estaban solas y los únicos con poder eran los altos mandos”, destaca el medio.

El País reveló que desde el 2019, según un documento de la Sedena fechado el 9 de noviembre de 2021, 308 militares han sido acusados, procesados o sentenciados de violar los derechos humanos; de ellos, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual; cinco fueron sentenciados, 10 fueron procesados y para los demás, se archivó el caso.

Los casos se replican, incluso al interior de las escuelas de formación del Ejército, pues los casos registrados en 2021 implican a instructores de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, de la Escuela de Ingenieros.

Otro documento relata cómo “tres soldados atacaron a un chico” de 19 años en La Paz, Baja California, “cuando salía de su casa y lo torturaron con un tubo metálico”.

Una serie de informes de un contraalmirante asignado a Puerto Peñasco, en Sonora, que detalla el conocimiento de diversas víctimas de acoso y abuso sexual, incluye varias historias de mujeres que reportaron a sus superiores por “abusos”, demostraciones “excesivas” frente de sus compañeros, intimidaciones y acoso.

“Tengo miedo de que me hagan daño”, declaró una mujer que denunció a varios mandos medios por intimidación y acoso. En marzo de 2021, dijo que uno de sus superiores la mandó llamar a una oficina en donde se le insinuó y la besó a la fuerza.

“Ante la posibilidad de que su queja no trascendiera, pidió un traslado a otro sitio, una medida que suele aplicarse como castigo dentro del Ejército, pedida en este caso por la víctima para ‘evitar alguna represalia’ por atreverse a alzar la voz”, agrega el medio.

Además, en lugar de implementar políticas eficientes para sancionar o prevenir estas conductas en los integrantes de la corporación, la Serena mantiene más bien un seguimiento de las víctimas que denuncian, más no de los agresores.

Esto sucedió en agosto de 2018 cuando, según un documento enviado a la Oficina de Igualdad de Género, buscaron neutralizar una situación denunciada por una sargento que, tras ser trasladada a Chihuahua, se mantuvo un “seguimiento a su conducta militar y civil”, aunque no se consiguió encontrar “conductas contrarias a la disciplina militar”.

“Este es el caso de una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018”, expone el medio español sobre las pocas denuncias que llegan a tribunales y deben enfrentar innumerables obstáculos dentro de la institución.

“Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y cinco mil 300 pesos de multa. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército”, concluye.