Familiares exigen libertad de presos vinculados con petrolera venezolana bajo Ley de Amnistía

Familiares de más de 170 personas, la mayoría de ellos extrabajadores petroleros, marcharon el viernes por las calles de la capital venezolana recreando un vía crusis para exigir que sean exoneradas de responsabilidad penal, procesos judiciales o condenas bajo la Ley de Amnistía aprobada recientemente.

“¡No son terroristas, son trabajadores!”, gritaban los familiares, quienes denunciaban además “violación al debido proceso”. En las dos últimas décadas de gobiernos autoproclamados socialistas, las instalaciones de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) son consideradas “zona de seguridad”.

Las familias señalan que entre los detenidos figuran extrabajadores de PDVS, agentes policiales e incluso personas sin relación directa con la petrolera, arrestados en distintos procedimientos entre los años 2024 y 2025, acusados de presuntos delitos como sabotaje, contrabando, tráfico de materiales estratégicos y corrupción.

Luisa Delcine, quien recreó el vía crusis, portando una pequeña cruz de madera y vestida con un overol ignífugo como los que usan los obreros de PDVSA, protestó por su hijo Luis frente a la sede del Tribunal Supremo en Caracas y declaró que ni ella ni su hijo trabajaban para la petrolera estatal.

Según los familiares, casi un centenar fue detenido en relación con un buque clandestino utilizado presuntamente para el contrabando de gasolina en el costanero estado Anzoátegui, al este de Caracas, donde se localiza un importante centro industrial de procesamiento y exportación de gas y petróleo.

La Ley de Amnistía se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos, rebelión militar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad del país.

Fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta en funciones la presentara en un esfuerzo por impulsar la convivencia en el país. Delcy Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Según las autoridades venezolanas hasta el momento se ha otorgado “libertad plena“ a 7.474 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario. Otras 253, que estaban en prisión, también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal. Los familiares de quienes faltan han seguido protestando esporádicamente.