Familiares de reos en huelga de hambre en Venezuela protestan frente a sede principal de tribunales
Familiares de reos en huelga de hambre en Venezuela exigieron el miércoles al gobierno del presidente Nicolas Maduro atender los reclamos de los presos, como el otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a penales de origen y el retraso procesal.
Decenas de personas se congregaron frente a la sede principal de los tribunales en Caracas para manifestarse en defensa de los reclusos, tres días después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunciara que presos de 19 cárceles y 30 sitios de detención en comisarías policiales —en los que la estadía debería ser corta— se declararon en huelga de hambre.
El organismo aseguró que las prisiones del país enfrentan un hacinamiento crítico y ofrecen una precaria alimentación.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias, mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario.
“Aquí no se trata de privilegios, sino de derechos”, indicó la ONG en un comunicado. Los reclusos reclaman la libertad inmediata para los reos que acusan retardo procesal y denuncian problemas graves de alimentación y atención de salud.
En paralelo a las malas condiciones que “sufren” en los recintos carcelarios, el “75% de la población reclusa presenta retardo procesal”, agregó el escrito.
Se desconoce el estado de salud y la cifra de reclusos que participan en la huelga de hambre.
Los manifestantes gritaban “¡Soluciones ya!” y “¡Aparezca ministro!”, en alusión al abogado y legislador oficialista Julio García Zerpa, quien fue designado en la víspera por Maduro como nuevo ministro de asuntos Penitenciarios en sustitución de la vicealmirante Celsa Bautista.
Ni Maduro ni el Ministerio de Servicio Penitenciario han confirmado o negado que exista una huelga de la población penal. The Associated Press solicitó comentarios a las autoridades, pero no obtuvo respuesta.
Las mujeres privadas de la libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) —la única cárcel femenina del país— también se unieron a la huelga para reclamar por la demora en sus procesos judiciales, por la situación de las cárceles y por el descontento ante programas de gobierno “que no han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, añadió el Observatorio.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, aseguró que existe una “dualidad del sistema penitenciario” que se concreta en centros de detención preventivos, que denominó “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
El hacinamiento, que puede superar el 200% en algunas cárceles del país, “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, indicó el organismo regional.