Falta de personal obstaculiza búsqueda de indígenas desaparecidos en EEUU

Peter Martin desapareció hace dos años de la reserva de Fond du Lac, en Minnesota. Su familia no ha dejado de buscarlo, pero afirma que la investigación de la Oficina de Asuntos Indígenas sobre la desaparición se ha estancado desde que el agente asignado al caso dejó el puesto a principios de 2025.

“Nadie ocupó su lugar y no hemos sabido nada de ellos desde entonces”, declaró Kayla Jackson, una amiga de la familia.

La Unidad de Desaparecidos y Asesinados de la oficina se creó en 2021 para abordar la crisis de violencia contra los nativos estadounidenses y destinar nuevos recursos a la resolución de casos sin resolver. Pero una auditoría federal reciente del organismo de control interno del Departamento del Interior determinó que la falta de personal ha afectado a la unidad desde su formación durante el gobierno del presidente Joe Biden, lo que ha generado un atraso de casos y ha dejado a las familias sin los servicios obligatorios para víctimas.

El gasto federal en la iniciativa aumentó de 12 millones a 17 millones de dólares entre 2021 y 2024. En el mismo periodo, la auditoría concluyó que el 39% del dinero destinado a la Unidad de Desaparecidos y Asesinados se redirigió a otros costos de la Oficina de Asuntos Indígenas, incluida la modernización de vehículos. Casi la mitad de los puestos de la unidad seguían vacantes hasta el año pasado, incluso cuando la oficina ha perdido a un tercio de su fuerza laboral debido a recortes bajo el presidente Donald Trump.

La oficina sostiene que ha adoptado muchas de las recomendaciones del informe, desde agilizar su canal de derivación de casos hasta capacitar al personal sobre los requisitos de servicios para víctimas. Pero los auditores federales señalan que persisten debilidades en su proceso de contratación. Y algunas familias siguen sin saber qué ocurre con los casos de sus seres queridos.

“No es más que desgarrador ver lo inadecuada que ya ha sido la respuesta para tantas de estas situaciones”, indicó David Adams, abogado con sede en Albuquerque, Nuevo México, y exfiscal federal y miembro de la tribu Sault Ste. Marie de los indios chippewa.

Cientos de casos quedaron estancados durante años

La Unidad de Desaparecidos y Asesinados tenía 83 casos abiertos y casi 400 derivaciones pendientes hasta noviembre de 2024, según la auditoría publicada el 9 de septiembre por la Inspectoría General del Departamento del Interior. La unidad no contaba con un plazo para evaluar las derivaciones.

La auditoría también determinó que los agentes tenían cargas de trabajo inmanejables, y que a algunos se les asignaban tareas administrativas —como realizar investigaciones sobre derivaciones— además de sus pesquisas activas.

Los familiares de Kaysera Stops Pretty Places se mostraron esperanzados cuando, en 2022, un agente de la Oficina de Asuntos Indígenas fue asignado a su caso, que aún no se ha resuelto. Stops Pretty Places acababa de cumplir 18 años cuando su cuerpo fue hallado en una localidad que limita con la reserva Crow en 2019.

Su tía, Grace Bulltail, señaló que era difícil comunicarse con el agente y que ofrecía pocas actualizaciones. El año pasado, Bulltail se enteró de que el agente nunca tuvo acceso completo a los archivos de los investigadores locales antes de ser reasignado a otras funciones.

The Associated Press envió correos electrónicos a la oficina para solicitar comentarios sobre el caso.

Sarah Deer, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, apuntó que las demoras y la disfunción del departamento están agravando el dolor de las familias.

“Son familias que a menudo ya han sufrido fallas institucionales”, afirmó. “Un sistema diseñado como respuesta a eso no puede pedirles a las familias que sigan esperando”.

Familias de las víctimas siguen desatendidas

En ocho de 13 casos revisados por la inspectoría general, el agente asignado no se comunicó con el personal especializado en ayudar a las familias de las víctimas. Un integrante del personal dijo que derivaban a las familias a programas externos porque la unidad tenía solo dos especialistas en víctimas en todo el país.

Martin tenía 31 años cuando se reportó su desaparición tras una verificación de bienestar en la reserva de Fond du Lac en 2024. Sus familiares lo describieron como un hombre extrovertido que practicaba deportes con niños y llevaba a sus sobrinos a pedir dulces en Halloween. Los familiares dijeron que reciben actualizaciones periódicas del Departamento de Policía de Fond du Lac, pero que nunca los pusieron en contacto con especialistas en víctimas de la Oficina de Asuntos Indígenas.

El sitio web de esa instancia no incluye a un agente del caso en el expediente de Martin. La AP pidió comentarios a funcionarios de esa dependencia.

Esfuerzos federales sobre casos de desaparecidos y asesinados

El gobierno de Trump afirma que ha intensificado los esfuerzos para abordar las altas tasas de violencia contra los pueblos nativos. El mes pasado, el FBI anunció que establecería una recompensa mínima de 25.000 dólares por información pública en decenas de casos sin resolver en tierras tribales.

Funcionarios de la Oficina de Asuntos Indígenas aseguraron en un comunicado que han tomado medidas bajo Trump para mejorar el procesamiento de casos y asegurarse de que las familias reciban apoyo. Indicaron que la mayoría de las recomendaciones de la auditoría ya se habían aplicado.

“Las deficiencias identificadas en la auditoría reflejan operaciones bajo el gobierno anterior que fueron inconsistentes con los objetivos delineados en la Operación Lady Justice”, afirmó la oficina en referencia a una comisión presidencial establecida bajo el primer gobierno de Trump en 2019 para abordar la crisis de personas indígenas desaparecidas y asesinadas.

La Unidad de Desaparecidos y Asesinados ayudó en febrero a recuperar e identificar dos conjuntos de restos en la Nación Chickasaw, cerrando un caso que se había enfriado más de una década antes.

Deer destacó que nuevas comisiones federales y estatales, así como las iniciativas especializadas, han aumentado la conciencia pública sobre la crisis.

“El gobierno ha dado un paso al frente en algunos aspectos para asignar recursos, pero la implementación importa”, expresó.

Mientras tanto, las policías tribales —que a menudo son las primeras en responder a casos que involucran a personas nativas— siguen careciendo de recursos y tienen una capacidad limitada para investigar delitos complejos, dijo.

“En lo que siempre termino pensando es en si este dinero podría ser mejor utilizado por las propias tribus”, concluyó Deer.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.