Exvicepresidente Jorge Glas recibirá alta médica y retornará a prisión en Ecuador

Associated Press
Martes, 09 de abril de 2024 11:49 EDT
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ECUADOR-EXVICEPRESIDENTE (AP)

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas recibirá el alta médica durante el martes y retornará a la prisión donde se encontraba en la ciudad portuaria de Guayaquil, informó la Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad.

Glas, sentenciado por corrupción y requerido por la justicia en otro caso por el mismo delito, fue detenido el viernes tras una incursión policial a la sede de la embajada de México en la capital ecuatoriana, donde estaba refugiado, lo que provocó que ese país rompa relaciones diplomáticas y se apreste a denunciar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

El hecho se produjo tras una secuencia de tensiones que se agudizaron luego de que México decidió darle el asilo político a Glas.

La Secretaría Nacional de Atención a Privados de la Libertad, a cargo de las cárceles en Ecuador, indicó en un comunicado que el exvicepresidente estuvo en observación en el hospital Naval de Guayaquil y de acuerdo con las evaluaciones médicas “presenta parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad, por lo que puede recibir el alta correspondiente”.

Añadió que en el transcurso de la jornada y en cumplimiento de los protocolos de seguridad Glas retornará a la cárcel.

Ese organismo había señalado el lunes que el exvicepresidente, de 54 años, fue trasladado al hospital debido a que había presentado una descompensación porque se negó a ingerir alimentos durante el domingo, pero su abogado defensor Andrés Villegas aseveró que su cliente ingresó por una sobredosis de medicinas.

Glas ocupó la vicepresidencia entre 2013 y 2017 durante el gobierno del presidente Rafael Correa, tras lo cual fue procesado por la justicia y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas.

A inicios de este año la justicia lo requirió nuevamente en un caso de presunta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por un potente terremoto en 2016.

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