El Salvador amplía plazos de detención de arrestados bajo el régimen de excepción
El Congreso salvadoreño aprobó el viernes reformas a la ley contra el crimen organizado que permiten que las personas arrestadas durante el régimen de excepción sigan detenidas por dos años más mientras la Fiscalía investiga y presenta las acusaciones penales.
Las reformas, presentadas por el gobierno, fueron aprobadas con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos legisladores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la diputada del conservador partido VAMOS, votaron en contra.
El fiscal general Rodolfo Delgado sostuvo que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar las condenas contra estructuras del crimen organizado.
En julio de 2023 el Congreso aprobó una reforma para procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción en un plazo de 24 meses que vence el 25 de agosto. El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó una extensión de 24 meses y después de escuchar al fiscal general, se acordó además que cuando se considere necesario se podría ampliar por otros 12 meses.
Las modificaciones permitirán agrupar los procesos penales contra detenidos bajo el régimen de excepción según “clicas” (grupos) o “canchas” (territorios), en un intento de reducir los trámites judiciales para emitir pronunciamientos en conjunto y no por persona.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales, como el de asociación o el de tener acceso a un abogado cuando se es detenido, como parte de la política de mano dura del gobierno de Bukele contra las pandillas.
El fiscal Delgado explicó que en este periodo han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS.13) en 230 organizaciones criminales y de la Pandilla Barrio 18 en 295 organizaciones, para juzgarlos en grupos.
Pero explicó que “esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emitan las sentencias que conforme a la ley corresponden”.
Durante el debate la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, aseguró que las reformas “son un reflejo de la incapacidad para impartir justicia”.
“Han tenido más de dos años para que se pueda tener una investigación seria de todos los casos y poder llevar a juicio a todos los detenidos y, como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea le tiene que hacer el favor a la Fiscalía”, afirmó Ortiz.
Según el Ministerio Público, 88.750 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados y de acuerdo con las reformas serán vinculados a 600 procesos judiciales, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. De ellos más del 90% están en prisión sin condena firme.
Además, más de 8.000 personas han sido liberadas tras su detención en el estado de excepción debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.
En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró terroristas a las pandillas —incluyendo la Mara Salvatrucha y Barrio 18— y a quienes las apoyen o financien.
Después de que en marzo de 2022 el Congreso aprobó el régimen de excepción se han hecho reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir penas de hasta 60 años de prisión.
También se reformó la Ley Penal Juvenil para establecer que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión para los menores con 16 años cumplidos y hasta 10 años cuando un menor ya haya cumplido 12 años.