EEUU: Estados con gobiernos demócratas buscan proteger centros de votación durante elecciones

Alarmados ante la posible presencia de agentes federales de inmigración en centros de votación durante las elecciones legislativas de noviembre próximo, los estados con gobiernos demócratas están tomando medidas para contrarrestar lo que consideran una posible táctica para intimidar a los votantes.

Nuevo México se convirtió esta semana en el primer estado en prohibir la presencia de agentes armados en centros de votación en respuesta a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, una medida que está siendo considerada en varias otras entidades con gobiernos demócratas.

Estas iniciativas ponen al descubierto la profunda desconfianza con el gobierno federal por parte de los estados demócratas, los cuales han sido el blanco predilecto de sus agresivas tácticas migratorias, han sido amenazados con el despliegue de fuerzas federales y sometidos a recortes de fondos.

Sus preocupaciones aumentaron después de que el presidente insinuó que le gustaría nacionalizar las elecciones federales, a pesar de que la Constitución establece que los comicios deben ser administrados por cada entidad.

La Casa Blanca asegura que no tiene planes de desplegar a agentes de inmigración hacia centros de votación. El mes pasado, los directores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza respondieron “No, señor” cuando una comisión legislativa les preguntó si tenían algún plan para patrullar centros de votación. La subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional para la integridad electoral, Heather Honey, dijo recientemente a secretarios de gobierno estatales que “simplemente no es cierto” que este año vaya a haber agentes de inmigración en los centros de votación.

Pero un grupo de ocho secretarios de gobierno estatales quiere que el nominado para ocupar el lugar de Kristi Noem como secretario de Seguridad Nacional plasme ese compromiso por escrito.

En una carta enviada el lunes al candidato de Trump para tomar las riendas de la agencia, Markwayne Mullin, el grupo presionó para obtener garantías “de que el ICE no tendrá presencia en los centros de votación durante el ciclo electoral 2026”.

La ley federal ya prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en centros de votación a menos que sea “necesario para repeler a enemigos armados de los Estados Unidos”, pero legisladores demócratas, funcionarios electorales y gobernadores siguen preocupados.

“El temor es que el gobierno de Trump intente invocar una emergencia nacional o ejecutar algún otro tipo de despliegue de agentes federales o tropas militares a fin de interferir en las elecciones e intimidar a los votantes", señaló el representante estatal demócrata por Connecticut, Matt Blumenthal, coautor de un proyecto de ley estatal para establecer una zona restringida de 76 metros (250 pies) para agentes federales en los centros de votación locales y otras restricciones a la intervención federal. "Y no vamos a permitir que eso ocurra”.

Posible enfrentamiento entre los estados y el gobierno federal

Otras iniciativas que buscan prohibir la presencia de agentes de inmigración en centros de votación están pendientes en estados gobernados por demócratas, desde California hasta Rhode Island.

En Virginia, los legisladores evalúan una iniciativa que podría impedir que agentes federales de inmigración realicen arrestos a menos de 12 metros (40 pies) de cualquier centro de votación o tribunal. Pero la disposición sobre los centros de votación sigue en negociación, y no está claro si estará en el proyecto final.

La nueva ley en Nuevo México prohíbe cualquier orden para colocar a una persona armada en el “servicio civil, militar o naval de Estados Unidos” en centros de votación locales y áreas de estacionamiento relacionadas, o a menos de 15 metros (50 pies) de una urna vigilada, desde el inicio de la votación anticipada.

Según la nueva ley del estado, que entrará en vigor en mayo y permanecerá vigente para las primarias del estado del 2 de junio, quienes sean intimidados o sufran de obstrucción por parte de agentes federales o personal militar en centros de votación podrán presentar una demanda civil en tribunales estatales para solicitar una indemnización.

La fiscalía del estado y funcionarios electorales locales y estatales también pueden interponer una denuncia y las cortes pueden ordenar multas de hasta 50.000 dólares por cada infracción.

También prohíbe cambios en los requisitos para votar y en las normas y procedimientos electorales que entren en conflicto con la ley de Nuevo México, en momentos en que Trump presiona al Senado federal para que apruebe un proyecto de ley que impondría estrictos requisitos de prueba de ciudadanía en elecciones en todo el país.

Cualquier medida estatal que tenga como objetivo contrarrestar la ley electoral federal enfrentará obstáculos legales debido a la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal.

“Podría plantear un enfrentamiento directo entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. No sabemos exactamente cómo va a resultar”, señaló Richard Hasen, director del proyecto Safeguarding Democracy de la Facultad de Derecho de UCLA. “Tomando en cuenta la cláusula de supremacía, hay un límite a lo que los estados pueden hacer”.

"Elecciones libres y justas"

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que su propia desconfianza hacia el gobierno federal en materia de supervisión electoral proviene de los actuales esfuerzos del Departamento de Justicia por obtener datos detallados sobre los votantes del estado sin explicar un motivo, y de las continuas afirmaciones falsas de Trump sobre un fraude a gran escala en las elecciones presidenciales de 2020.

“¿Creo en el gobierno federal y en la gente de la Casa Blanca? No”, afirmó Lujan Grisham, cuyo mandato concluye este año.

“Es un mensaje para todos: celebraremos elecciones libres y justas, y los habitantes de Nuevo México estarán seguros en cada centro de votación y esa es nuestra responsabilidad”, subrayó la demócrata el martes en conferencia de prensa. “La Constitución dice que los estados administran sus elecciones, y este proyecto de ley se lo deja nuevamente muy en claro al gobierno federal”.

Preocupaciones ante incautación de boletas y registros electorales

La minoría republicana en Nuevo México votó de manera unánime en contra del proyecto de ley.

“Cuestionaría firmemente por qué tenemos que hacer esto, salvo para tener que picarle el ojo al presidente”, declaró el senador estatal republicano Bill Sharer, durante el debate en el pleno.

La senadora estatal demócrata Katy Duhigg, quien fue copatrocinadora de la iniciativa, dijo que “con la democracia, es mejor prevenir que lamentar”. Añadió que quería “asegurarse de que hubiera algún tipo de herramienta a disposición de nuestras fuerzas del orden locales en caso de que algo suceda, si el gobierno federal de alguna manera intenta interferir con nuestras elecciones”.

En Connecticut, un proyecto de ley cuya audiencia está programada para esta semana, también va dirigido a los intentos del gobierno federal por incautar boletas o algún otro material electoral. Exigiría que los funcionarios estatales reciban notificación de una medida de ese tipo.

Blumenthal dijo que los legisladores estatales no pueden impedir incautaciones como el registro que llevó a cabo el FBI en enero pasado en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia, un bastión demócrata que incluye Atlanta. Pero sostuvo que “podría haber una oportunidad para que la oficina del fiscal general de nuestro estado o la oficina del secretario de gobierno del Estado impugnen eso”.

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Haigh informó desde Hartford, Connecticut. La periodista de The Associated Press Oliva Diaz en Richmond, Virginia, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.