Ecuador va a consulta ambientalista: cierre de campo petrolífero en Amazonía y minería en los Andes

En una decisión inédita en Ecuador, los ciudadanos decidirán el 20 de agosto junto a las elecciones presidenciales adelantadas si mantienen la explotación de un importante campo petrolífero en una reserva amazónica de enorme biodiversidad y si autorizan la explotación minera en un sector de los Andes.

El próximo domingo 13,45 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir entre ocho candidatos presidenciales al reemplazo de Guillermo Lasso, pero además habrá dos consultas ambientalistas. Una nacional y otra local, en el entorno de la capital, Quito.

"¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo?”, es la pregunta sobre explotación petrolera en el Parque Nacional del Yasuní de la Amazonía que tendrán que contestar los electores en una papeleta independiente.

Esa consulta es resultado de la insistencia de un grupo de ambientalistas durante 10 años ante una serie de escaramuzas legales. Este año lograron lo inesperado: que la Corte Constitucional apruebe que los ecuatorianos decidan el tema mediante consulta popular.

Uno de los principales obstáculos fue el de acreditar 755.000 firmas que respaldaran el pedido de consulta. Tras hacerlo, en 2014, el Consejo Electoral de entonces anuló 400.000 y el proceso quedó en el limbo. Más tarde, se admitió la solicitud después que una auditoría determinara que las firmas fueron anuladas arbitrariamente.

En caso de que gane la respuesta conservacionista, el Estado debe desmontar la infraestructura petrolera a un costo de 467 millones de dólares. La inversión fue 1.900 millones de dólares y fue construida hace más de 10 años, desde que empezó la explotación.

La segunda consulta, sobre minería, está dirigida a los quiteños y a la población satélite de la capital. A 2,01 millones de votantes se les consultará si están “de acuerdo con prohibir la explotación de minería metálica en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de la mancomunidad del Chocó Andino”.

En esa zona de bosque tropical están bajo estudio y desarrollo inicial 12 proyectos mineros de oro, plata cobre y arcillas, principalmente.

Ambas preguntas plantean un dilema entre la conservación de los recursos naturales y la necesidad de que el Estado obtenga mayores ingresos, cuando la economía nacional dependiente del negocio petrolero está debilitada por la caída de precios del crudo de los últimos años.

El área de la Amazonía a la que se refiere la consulta popular petrolera cuenta ya con 230 pozos que producen 57.000 barriles de petróleo diarios, que el año pasado generaron una utilidad neta de 1.200 millones de dólares. Ese bloque tiene reservas por 1.670 millones de barriles de crudo.

Para los ambientalistas, más importante que el dinero para el Fisco es la conservación de esa zona de enorme biodiversidad animal y vegetal.

La fundadora y directiva de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, en declaraciones a The Associated Press aseveró que esta lucha se ha convertido en un símbolo de democracia y “de prioridad para el futuro". Es, recalcó, "una clave para el inicio de la transición hacia un modelo sustentable y eso ya es bastante”.

“Nos han tenido años pensando que comemos dinero o petróleo y no comemos eso; bebemos agua, comemos alimentos que vienen de la tierra y conservar la tierra pesa mucho más que el dinero”, añadió.

Para un país con un déficit fiscal crónico y con demandas sociales que superan la capacidad de atención del Estado, cada centavo que ingrese a las arcas fiscales es de vital importancia. Son los argumentos de los sectores extractivistas.

El gerente de Yacimientos de la empresa estatal petrolera Petroecuador que está a cargo de ese bloque, Diego Navarrete, destacó a la AP que se debe entender ese es un campo que ya está en producción y que en la última década ha producido unos 136 millones de barriles de petróleo.

Si se cierra, advierte, “ocasionaría que los perjudicados seamos todos los ecuatorianos”. Allí trabajan más de 1.200 personas, 900 de las cuales pertenecen a las comunidades indígenas adyacentes, destacó.

La controversia sobre nuevas fuentes de recursos públicos o proteger la selva empezó hace más de 10 años cuando era presidente Rafael Correa (2007-2017), quien decidió iniciar la explotación desde el 2014.

Para el analista económico Alberto Acosta, esa disyuntiva es un falso dilema de los ecologistas. “Así no funciona ni Ecuador ni el resto del mundo” precisó a la AP. Recordó que el bloque de explotación tiene 80 hectáreas en un parque de casi un millón de hectáreas.

“Cuidar la naturaleza y extraer el petróleo de manera responsable es el desafío”, plantea Acosta, dando a entender que no se puede renunciar al negocio petrolero porque, según señaló, Ecuador que tiene necesidades fiscales muy grandes.

Gonzalo Rivas, catedrático de la universidad San Francisco y director de la estación científica Tiputini, ubicada en esa área de la Amazonía, defendió ante la AP que la reserva del Yasuní es clave para el clima y la conservación.

Es parte de un sistema que produce mucho vapor de agua, “la mitad se transforma en lluvia y cae ahí mismo, mientras que el otro 50% es llevado a la cordillera de los Andes, cae en las montañas, lagunas y humedales y finalmente es utilizada en las grandes ciudades”, detalló. “Ahí está la verdadera importancia de conservar estos sistemas”, afirmó.

Advirtió que si se rompen esas interacciones con actividades como minería, extracción petrolífera o deforestación, también se alterará el proceso de generación de agua, provocará que el clima cambie y que no haya agua. "No hay dinero en el mundo que pueda arreglar eso”, añadió.

La jefa de responsabilidad social y relaciones comunitarias de Petroecuador, Rosa Chango, añadió un componente social a la controversia. Aseveró a la AP que no se está hablando del derecho al desarrollo de los pueblos de la zona, a la educación, a que en sus casas haya energía eléctrica, agua potable en sus domicilios.

“No es posible condenar a esa comunidades a que vuelvan a la caza, pesca y recolección”, en alusión a los beneficios en desarrollo que obtienen los pueblos aledaños, cuya población es estimada en 2.500 personas. “Tienen derecho al desarrollo pleno”, agregó.

A nivel ciudadano, hay dudas. La asistente de un consultorio médico, Rina Ortiz, manifestó que quiere votar para dejar el petróleo bajo tierra, para cuidar la naturaleza, pero por otro lado también piensa "que el Estado necesita plata para la educación, la salud y para otras cosas que necesitamos todos; ya veré el rato de votar qué mismo decido”.

En contraste, en el caso de la consulta sobre minería en una zona boscosa cercana a la capital, el mensajero Francisco Morales tiene más clara su postura. Él votará a favor. "¿Qué es más importante: las plantitas y los animalitos o atender a los seres humanos? Así no más pienso, entonces creo que debemos votar para que se siga explotando el petróleo y los minerales”.

Hace cinco años, el ministerio de Ambiente ecuatoriano declaró como reserva de biósfera, conservación y desarrollo sostenible el Chocó Andino, ubicado al noroccidente de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, Eulalia Silva, defendió que “no podemos prohibir la minería legal", ya que "eso es malo para Ecuador y eso es malo para las comunidades" a las que se les niega la posibilidad de trabajo y desarrollo. Es posible una explotación minera responsable y con los más altos estándares ambientales, argumentó.

Para José Luis Fuentes, catedrático de la Universidad de las Américas, con minerales como el oro o la plata en el Chocó Andino, más allá del pronunciamiento popular, se avecina un escenario de “ minería ilegal que arrasa con todo " y todos los ecuatorianos serían los perdedores.