Ecuador: Unidades militares realizan nuevo allanamiento en penitenciaría donde ocurrió masacre

Las fuerzas militares ecuatorianas realizaron el viernes un nuevo allanamiento en la penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil y considerada una de las más peligrosas del país, a pocos días del último suceso violento registrado allí que dejó 31 presos asesinados y otros episodios de violencia que agudizaron el problema de seguridad en la nación andina.

“El control se mantiene. La Fuerza del Estado es contundente contra el crimen organizado”, señaló el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de la red social X, antes Twitter, al informar de la nueva intervención en el pabellón 3 de la Penitenciaría del Litoral, uno de los sectores donde se dio la más reciente matanza.

Lasso acompañó el tuit con fotografías de reclusos acostados con el pecho hacia el piso y las manos sobre las nucas mientras unidades militares con casco y armas largas los vigilan.

La acción tiene lugar luego de que se difundieran varios videos en los que grupos de delincuencia organizada anuncian supuestos pactos de paz con el Estado, lo cual fue desmentido por el gobierno. Lasso enfrenta una de las peores crisis de seguridad en el país, que en los últimos días se agravó con el asesinato de un alcalde de la tercera ciudad ecuatoriana más importante, la nueva masacre carcelaria y la retención de un centenar de custodios, que fueron liberados posteriormente.

Aunque el mandatario pregona que el Estado está determinado en derrotar a la violencia que atribuye a bandas de narcotraficantes y del crimen organizado, la violencia en las cárceles y en las calles arrecia.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, reconoció el viernes en declaraciones a una radio local que “no hay control total al interior de las cárceles… tienen el control al interior (en alusión a los grupos criminales); ese es el control que vamos a tomar y vamos a vencer”.

Desde el 2021, más de una decena de episodios violentos en las cárceles del país andino, atribuidos por las autoridades a disputas de poder entre las bandas por el control dentro de los centros y fuera de ellos, así como de rutas de narcotráfico y microtráfico, han dejado más de 400 muertos.