Decretan que 25 inmuebles vinculados al expresidente Tony Saca pasen al Estado salvadoreño

Un juzgado de El Salvador decretó el miércoles que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Tony Saca pasen a ser propiedad del Estado.

Los bienes recuperados están valorados en 9,6 millones de dólares, según informó el Ministerio Público.

En un hecho histórico, en septiembre de 2018 un tribunal de sentencia de San Salvador condenó a Saca a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y terceros. El exmandatario pidió un proceso abreviado y, después de confesar sus delitos, recibió la sentencia, la cual cumple en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador.

El juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas por Saca para el lavado de dinero.

Según las investigaciones, el Ministerio Público determinó que Saca utilizó siete sociedades fachada para desviar fondos públicos entre 2004 y 2009, con el fin de adquirir propiedades en zonas exclusivas en la capital y en los departamentos de La Libertad, La Paz y San Vicente.

Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009 tras ser postulado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue detenido el 30 de octubre de 2016 y se convirtió en el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato.

La ex primera dama Ana Ligia de Saca, que está ligada al caso de su esposo al haber sido acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de 17,6 millones de dólares, deberá comparecer ante un tribunal en junio para someterse a un juicio abreviado, en el que aceptará los cargos que se le imputan a cambio de una reducción de la pena.

En el caso también se procesa a Óscar Edgardo Mixco Sol —hermano de la ex primera dama—, a José Antonio Lemus Zaldívar, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya y Gerardo Antonio Funes Durán, acusados del delito de lavado de dinero y activos. Además, se acusa a Milton Romeo Avilés Cruz del delito de encubrimiento.

Por este caso, la ex primera dama fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo emitido por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia en octubre de 2022 y ordenó repetir el juicio.