Declaran estado de excepción en nueve localidades de Ecuador ante violencia previo a comicios
Ecuador decretó el sábado un estado de excepción en nueve localidades y en las cárceles, con lo cual restringe algunos derechos ciudadanos como la libre movilidad, ante la “extrema” violencia en esas zonas, en la víspera de la segunda vuelta presidencial.
La medida regirá por 60 días y también aplicará para la capital de la nación andina, Quito. Tiene lugar un día antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente para el período 2025-2029. En el balotaje se miden por segunda ocasión el actual presidente y candidato, Daniel Noboa, y la opositora, Luisa González.
El decreto “por graven conmoción interna” tendrá lugar en los territorios donde por la operación de grupos del crimen organizado “se evidencia una extrema violencia a pesar de las medidas ordinarias que ha adoptado el Gobierno Nacional”, señala el documento oficial. Esos territorios son las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, en la costa y oriente del país. Además, en Quito, que pertenece a Pichincha, y en la ciudad Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. La medida incluye la movilización de la policía y fuerzas armadas en las zonas descritas.
Con el estado de excepción en vigor se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, la libertad de reunión y regirá un toque de queda en cinco de las nueve localidades entre las diez de 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana. Esta última medida no incluye a Quito.
Noboa, quien llegó al poder hace más de un año para un gobierno de transición que concluye en mayo, ha decretado en su gestión más de una decena de estados de excepción, incluyendo la declaratoria de un conflicto armado interno.
Así sustentó el despliegue de un bloque de seguridad permanente en las calles y cárceles del país, aunque la Corte Constitucional ha cuestionado al presidente por no presentar evidencias suficientes para justificar ese estado.
El gobierno asegura que la aplicación de su política de seguridad permitió la reducción del 16% de muertes violentas a finales de 2024, cuando cerró con 6.987 asesinatos, versus los 8.248 en 2023, el año con el récord de violencia en el país andino. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que 2025 se perfila con uno de los más sangrientos, registrando entre enero y febrero un repunte de homicidios con 1.529 asesinatos, superiores a los 892 del primer bimestre de 2024 y los 1.039 de 2023.