Crece rechazo por medidas de fiscalía contra opositores y autoridades electas en Guatemala
El rechazo por la detención en Guatemala de universitarios, catedráticos y opositores que protestaron contra aliados de la fiscal general Consuelo Porras, que según los críticos mantiene una arremetida contra el proceso electoral y el presidente electo Bernardo Arévalo, crecía dentro y fuera del país centroamericano mientras dirigentes indígenas anunciaron más acciones de protestas.
En conferencia de prensa el viernes, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que éste estaba alarmado por las últimas acciones judiciales ejecutadas en Guatemala, que según algunos gobiernos y organismos internacionales ponen en peligro la transición democrática en el país y donde el presidente electo Arévalo debe asumir el poder en enero.
“(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, expresó el portavoz Stephane Dujarric a la prensa.
Por su parte, autoridades indígenas que lideran por más de mes y medio protestas exigiendo la renuncia de Porras, a quién señalan de intentar invalidar las elecciones generales ganadas por Arévalo, anunciaron el viernes que intensificarán sus acciones a raíz de las detenciones.
Instaron al sector empresarial a pronunciarse por la situación y reiteraron su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar de urgencia la Carta Democrática, así como a países democráticos firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción a imponer sanciones a funcionarios corruptos del Estado guatemalteco que socavan la democracia.
La fiscalía dirigida por Porras anunció el jueves órdenes de aprehensión contra 28 personas, entre estudiantes universitarios, catedráticos y opositores políticos, así como 31 allanamientos a sus residencias por la toma de la única universidad pública del país.
Los estudiantes tomaron la universidad entre abril 2022 y junio de 2023, denunciando la elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos, considerado un cercano aliado de Porras.
La fiscalía nunca investigó el fraude denunciado, aunque sí investigó la toma de la universidad y anunció que solicitará el retiro de inmunidad de Arévalo, su vicepresidenta electa Karin Herrera y por lo menos cinco diputados actuales y electos del partido de Arévalo —Semilla— y tres legisladores de otras organizaciones políticas por haber publicado mensajes en sus redes sociales apoyando la toma de la universidad. La fiscalía acusa a estas personas de presuntos delitos de asociación ilícita, usurpación y sedición.
“Desde afuera se ve que hay un gobierno (dirigido por el presidente Alejandro Giammatei) que quiere perpetuarse en dictadura, y se parece tanto a los gobiernos de Venezuela como el de Hugo Chavez (ya fallecido) y de (su sucesor) Nicolás Maduro, o como el de Nicaragua con Daniel Ortega”, dijo el viernes en una entrevista telefónica con The Associated Press Stephen McFarland, quien fue embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2000 y 2011. “Allí el país pierde su imagen de democracia y su imagen de estabilidad”.
“Creo que lo que ha hecho la fiscalía con las detenciones es un secuestro, los tiene como rehenes, el propósito es enviar mensajes para fomentar el miedo entre la oposición”, apuntó el exdiplomático.
“Los grupos que usan estos métodos siempre tienen el mismo patrón, es un mensaje para el interior del pacto de corruptos (como la población denomina a funcionarios judiciales y políticos que en contubernio buscan impunidad en actos de corrupción) para decirles que se recuerden que hay un plan, un programa, amárrense los pantalones y sigan con el plan, ha habido algunas fisuras y sus aliados, quieren tratar de corregir eso”, agregó.
La víspera, el gobierno estadounidense respondió a las detenciones sancionando a 11 guatemaltecos entre empleados de la fiscalía y otros que participan de lo que califican como "continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo”, anunció el Departamento de Estado estadounidense. Advirtió que que continuará con más sanciones.
El jueves, la Secretaría General de la OEA dijo en un comunicado que las medidas del Ministerio Público dirigido por Porras "constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.
Agregó que ello viola lo que establece la Carta Democrática Interamericana.