Continúan por segunda semana protestas en Guatemala para exigir renuncia de fiscal general y un juez
Mientras continúan por segunda semana las protestas en las calles de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quién señalan de intentar evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas, la alta funcionaria judicial hace caso omiso a esas exigencias y pide al gobierno que actúe contra las manifestaciones.
Con bloqueos de carreteras y un paro nacional impulsado por indígenas y campesinos, los guatemaltecos siguen demandando en las calles la dimisión de Porras y de un juez, a los que señalan de socavar la democracia en la nación centroamericana.
Durante el fin de semana se registraron algunos incidentes donde personas molestas por los bloqueos lanzaron sus vehículos contra manifestantes. Esas personas fueron detenidas por causar daños materiales y atentar contra la vida de la gente que protestaba.
En un vídeo divulgado la mañana del lunes, la fiscal Porras calificó de “ilegales” las movilizaciones en su contra y pidió al Ejecutivo actuar para despejar las vías bloqueadas y permitir la libre circulación de las personas.
La arremetida que mantiene la fiscalía que dirige Porras incrementó el hartazgo de los guatemaltecos cuando el mes pasado allanó sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus empleados registraron voto por voto y secuestraron las actas electorales que registraron que Arévalo pasó a segunda vuelta.
La fiscalía investigó primero la denuncia que el mismo Arévalo presentó sobre el uso de firmas falsas para inscribir el partido político Movimiento Semilla con el que ganó la presidencia. Los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, a cargo del proceso, investigaron y entonces se solicitó al juez Fredy Orellana una orden para suspender la personalidad jurídica de Semilla con el fin de que no participara en las elecciones.
Según la la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, el TSE es el único facultado para suspender o cancelar partidos dentro de un proceso electoral. Al no lograrlo, la fiscalía la emprendió contra el personal del TSE, sin obtener respuesta, entonces la fiscalía avanzó y accionó contra los magistrados del TSE a quienes les ha presentado por lo menos tres distintas solicitudes de retiro de inmunidad.
Al no poder frenar la participación de Arévalo, Curruchiche dijo que recibió de un ciudadano una denuncia de fraude electoral por lo que allanó las sedes electorales. Tras secuestrar la documentación el TSE dijo que desde ese momento se deslindaba de la credibilidad y del uso de las actas y no daban certeza de ellas.
Tras la arremetida de la fiscalía que generó el rechazo nacional e internacional, indígenas y campesinas llamaron a un paro indefinido que inició hace una semana con 14 puntos bloqueados. El lunes tenía más de 80 vías bloqueadas en todo el país, aseguraron.
Porras, Curruchiche y Monterroso fueron sancionados por el gobierno estadounidense a quienes les retiró la visa de entrada a ese país señalándolos de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país. Orellana, que también está sancionado, ha sido señalado de emitir resoluciones judiciales con fines políticos.