Congreso colombiano aprueba ley para procesar a grupos armados en lugar de la “paz total” de Petro

El Congreso colombiano aprobó al filo de la medianoche del martes un proyecto de ley para priorizar la persecución de grupos armados, una iniciativa del gobierno del conservador Abelardo de la Espriella en reemplazo de la “paz total” que impulsó su predecesor.

La medida, a la que le resta la firma del presidente para convertirse en ley, deja atrás la política de diálogos de paz con múltiples grupos ilegales que impulsó el progresista Gustavo Petro (2022-2026) para priorizar el sometimiento sin “concesiones políticas" para grupos a los que denomina “terroristas”.

El Senado aprobó la iniciativa con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes votó por 95 a favor y 10 en contra. La discusión se dio en el límite del plazo permitido para prorrogar la ley de orden público de 1997, que todos los gobiernos suelen ajustar según su política de seguridad.

“¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin”, aseguró De la Espriella en la red social X tras agradecer al Congreso por aprobar la iniciativa.

De la Espriella llegó al poder prometiendo mano dura contra los grupos ilegales al considerar que la “paz total” dio incentivos equivocados a las organizaciones armadas, permitiendo su expansión territorial al tiempo que adelantaban los diálogos de paz, sin lograr desmovilizarlos.

Según la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto, en diciembre de 2022 el país tenía aproximadamente 15.120 hombres en armas, mientras que en julio de 2026 la cifra ascendió a 28.802 integrantes. El reporte mostró un aumento en especial del Clan del Golfo, el cartel activo más grande del país, y las facciones disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

La iniciativa aprobada incluye un tratamiento diferenciado para los grupos ilegales o individuos que se sometan voluntariamente a la justicia y contempla una rebaja de la pena, según sus contribuciones al desmantelamiento de la estructura ilícita.

“Abelardo... los engañó, les dijo que iban a someter a los delincuentes y al crimen y aquí estamos discutiendo en tiempo récord una ley para darles beneficios a los delincuentes, a los lavadores de dinero, a los cabecillas y a los mandos medios”, aseguró durante el debate la senadora del opositor Pacto Histórico Carmen Patricia Caicedo.

La nueva norma no permite la suspensión de las órdenes de captura ni de extradición de los hombres armados que se sometan a la justicia, dos medidas que fueron aplicadas en el marco de la “paz total” y que recibieron críticas de algunos sectores en Colombia y del gobierno estadounidense.

“No habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradiciones. Se impondrán penas severas a los reclutadores y deberán entregar la totalidad de sus bienes, sin recibir un solo peso a cambio”, aseguró a la prensa en la madrugada del miércoles el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Tras llegar a la presidencia en agosto, De la Espriella reactivó las órdenes de captura a los negociadores de los grupos armados e inició la extradición de algunos de ellos hacia Estados Unidos.