Colombia: procuraduría pide investigar esclavitud en FARC

La Procuraduría colombiana pidió el jueves a la Jurisdicción Especial para la Paz que investigue si un bloque de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia esclavizó a sus secuestrados y los sometió a trabajos forzados.

La petición aparece en un documento de observaciones enviado a la Jurisdicción (JEP) en el que se indica que en el Bloque Occidental de las FARC “se buscaba utilizar al secuestrado con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros”.

El Ministerio Público informó que tiene documentados al menos seis casos con estas características, cuyas víctimas fueron campesinos, estudiantes y el conductor de una volqueta. “Era una forma especial de victimización: esclavitud”, dice el documento.

La JEP fue establecida en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC a fines de 2016. Los exguerrilleros se comprometieron a aportar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra a ese sistema de justicia transicional a cambio de una sanción que debe ser consultada con las víctimas y que puede incluir restricciones de la libertad pero sin cárcel. Sin embargo, los comparecientes que no reconozcan la verdad o lo hagan de manera tardía podrían purgar hasta 20 años de prisión.

El informe de la Procuraduría relata el caso de una mujer que fue secuestrada en Policarpa, al sur del territorio colombiano, y que fue llevada a la selva para ser obligada a cocinar, limpiar las botas de los guerrilleros e incluso “sostener relaciones sexuales con ellos”.

El Ministerio Público advirtió que muchas víctimas de diferentes bloques de las FARC no eran conscientes de que estaban siendo sometidas a la esclavitud.

Estos nuevos casos que, a juicio de la Procuraduría podrían representar un nuevo patrón criminal, se empezaron a conocer por los relatos de las propias víctimas. Por eso consideró que la JEP debe abrir un apartado especial para investigarlos.

El Bloque Occidental de las FARC habría secuestrado a por lo menos 963 personas entre los años 1993 y 2016. De ellas 107 fueron campesinos, comerciantes, adultos mayores y menores de edad. Según la Procuraduría, en muchos casos las víctimas nunca regresaron a sus hogares a pesar de que sus familias pagaron los rescates exigidos por las FARC.