Citan a empresas por muerte de obrero que construía centro de detención de inmigrantes en EEUU

Los reguladores federales han citado a tres contratistas, entre ellos uno propiedad de un donante de campaña del presidente Donald Trump, por infracciones de condiciones laborales causantes de la muerte de un trabajador que ayudaba a construir un centro de detención de inmigrantes.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos determinó que hubo infracciones consideradas graves en su investigación sobre la muerte, el 21 de julio de 2025, de Héctor González, de 38 años, quien murió aplastado por materiales de construcción durante las obras para construir Camp East Montana en El Paso, Texas.

Las infracciones se destacaron en un informe publicado el lunes por el grupo de vigilancia Public Citizen, que examinó a las empresas que obtienen ganancias del trabajo en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La muerte de González ocurrió días después de que el Ejército otorgara un contrato por un valor de hasta 1.300 millones de dólares a Acquisition Logistics para construir y operar el campamento en Fort Bliss, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El sitio abrió al mes siguiente y rápidamente se convirtió en el mayor centro de detención del ICE para inmigrantes que esperaban o impugnaban su deportación, y en ocasiones llegó a albergar a más de 3.000 personas.

El campamento se ha visto afectado por denuncias de condiciones inhumanas, brotes de enfermedades y las muertes de tres detenidos en diciembre y enero. Una inspección realizada en febrero por la Oficina de Supervisión de Detención del ICE encontró decenas de infracciones de las normas nacionales. El ICE reemplazó el mes pasado a Acquisition Logistics, una pequeña empresa de Virginia que no tenía experiencia previa en la gestión de centros de detención, como contratista principal, y adjudicó un contrato sin licitación a Amentum Services.

“La administración Trump está repartiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes en contratos que han provocado la muerte de cuatro personas en un periodo de seis meses. Y es poco probable que las cosas mejoren”, declaró Douglas Pasternak, investigador de Public Citizen y autor del informe.

La OSHA investigó la muerte de González, como hace de manera rutinaria en casos de fallecimientos en el lugar de trabajo, para determinar si se cumplieron las normas de seguridad. Finalmente decidió no citar a Acquisition Logistics, pero solicitó sanciones contra tres subcontratistas que ayudaron a construir el campamento. Las empresas —Base International, JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services— fueron citadas en enero por infracciones de normas que regulan el uso de montacargas industriales motorizados, según muestran los registros.

Base International —propiedad del empresario de Florida Nathan Albers, donante de Trump y de otros políticos y grupos republicanos en los últimos años— empleaba a González. La OSHA determinó que la empresa infringió una norma al exponer a los empleados a “riesgos de impacto” por una carga inestable y elevada de vigas compuestas apiladas sobre un montacargas, mientras descargaban suministros.

La investigación citó a las otras dos empresas por infringir esa norma, así como otra, al no garantizar que los empleados estuvieran certificados para operar montacargas industriales motorizados en el sitio.

JMJ Production Services y Fulfillment Personnel Services aceptaron pagar multas reducidas de 15.000 dólares cada una por las infracciones, como parte de acuerdos con la OSHA en febrero. Pero Base International está impugnando la citación, para la cual la OSHA ha propuesto una sanción de 11.585 dólares, según muestra la base de datos de la agencia. Si no se llega a un acuerdo, un juez de derecho administrativo celebrará una audiencia para considerar la apelación.

“Base International está apelando el fallo, porque no hubo ninguna irregularidad por parte de la compañía”, indicó Tom McNicholas, portavoz de la empresa.

Albers también es director ejecutivo de Disaster Management Group, un contratista federal que comparte la misma dirección en Jupiter, Florida, que Base International.

El informe de Public Citizen describió a Albers como un estrecho asociado de la familia Trump que donó más de 150.000 dólares a campañas republicanas en 2025. Indicó que la esposa de Albers había copresidido el mes pasado una recaudación de fondos para mascotas en Mar-a-Lago junto con Lara Trump, nuera de Trump.

Juan Muñoz, fundador y presidente de JMJ Production Services, con sede en Austin, Texas, dijo por teléfono a la AP el viernes: “Me gustaría poder hablar de eso, pero tendría que hablar con mis abogados”. No respondió a un correo electrónico de seguimiento que él mismo solicitó.

Fulfillment Personnel Services, con sede en Mobile, Alabama, no respondió a llamadas telefónicas ni a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.