Asamblea Nacional de Venezuela juramenta a miembros de comité de selección de nuevo Tribunal Supremo

La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, juramentó el jueves a los 12 integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales que, junto a 11 legisladores, tendrá la responsabilidad de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La labor del Comité forma parte de la reforma a la ley del TSJ, la cual tiene como objetivo reducir la influencia de los legisladores en la selección de los jueces del máximo tribunal mediante el incremento del número de miembros del comité de postulaciones ajenos al Legislativo.

La reforma, aprobada en septiembre y promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, contempla el incremento de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23, 12 de los cuales fueron designados por representantes de asociaciones civiles, grupos académicos y organizaciones independientes.

El comité funcionará por un periodo de dos años y estará a cargo de evaluar y preseleccionar una lista de candidatos para escoger a los 32 magistrados del TSJ. Los 11 legisladores, incluidos ocho vinculados al oficialismo, fueron designados en septiembre pasado.

Varios de los 12 representantes de la sociedad se postularon por iniciativa propia y entre ellos figuran siete mujeres y cinco hombres, en su mayoría abogados. Dos de ellos ocuparon cargos públicos anteriormente.

Entre los seleccionados destaca Raquel Sánchez Carrero, coordinadora de la organización no gubernamental Foro Penal en el estado de Táchira, la cual se encarga de monitorear la situación de los presos en Venezuela, en particular aquellos encarcelados por motivos políticos.

“Fue una labor exigente, revisamos minuciosamente, evaluando méritos, trayectoria y solvencia ética”, dijo el presidente del comité, el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello.

La juramentación se produjo más de 10 semanas después que se realizó el primero de tres ciclos de conversaciones entre delegaciones del Legislativo y exdiputados de la oposición, en las que se acordó iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema judicial venezolano que, de acuerdo con organizaciones locales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, no es lo suficientemente independiente del poder político.

Las conversaciones, que se desarrollaron entre el 6 y 12 de agosto en Caracas, giraron en torno a la reforma de la ley del máximo tribunal que incluiría la renovación y ampliación del comité de postulaciones, además de la creación de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de candidatos al TSJ para evitar irregularidades.

Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en un audaz operativo militar el pasado 3 de enero, el mandatario estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática.

La oposición ha acusado al oficialismo de aprovechar su abrumadora mayoría legislativa para nombrar aliados como magistrados y asegurarse el control del máximo tribunal. En los últimos 27, el TSJ se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana, con una gran cantidad de sentencias en contra de los críticos del gobierno.

Por su parte, el oficialismo ha dicho que los nombramientos de magistrados se hicieron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.