AP EXPLICA: ¿Qué propone y qué polémicas rodean al proyecto constitucional chileno de la derecha?
Chile está enfrascado en un nuevo proceso constitucional para elaborar un nuevo texto —el segundo intento— que será sometido a plebiscito en diciembre. El proyecto de Constitución, redactado por una mayoría de miembros de derecha y ultraderecha, tomó forma esta semana e introduce algunos cambios drásticos en comparación con la Carta Magna vigente.
El texto propuesto fue entregado el 7 de octubre a una comisión de expertos para que, hasta el jueves a la medianoche, plantee sus recomendaciones de cambios. Pero ya está generando una fuerte polémica entre el oficialismo, la oposición derechista y algunos colectivos como el de mujeres.
La redacción planteada no es la definitiva, pero el Consejo Constitucional ya ha anticipado que no está dispuesto a modificar su proyecto en los temas que considera más importantes. El presidente Gabriel Boric recibirá el texto definitivo de manos del Consejo dentro de cuatro semanas.
AP explica cuáles son las novedades introducidas en el proyecto de Constitución y los puntos más controvertidos, que van desde el aborto y señalamientos de que habrá un retroceso en los derechos a las mujeres hasta el reconocimiento de los pueblos originarios indígenas y del derecho a una vivienda adecuada.
¿CÓMO LLEGÓ CHILE AL PROCESO CONSTITUCIONAL ACTUAL?
Luego de un estallido social en octubre de 2019, el 78% del electorado votó por cambiar la Constitución impuesta por la dictadura militar (1973-1990) y en 2021 eligió democráticamente a una convención dominada por la izquierda, para que elaborara un nuevo texto constitucional. Aquella propuesta fue rechazada en plebiscito abrumadoramente en septiembre del año pasado.
Tras el fracaso, Chile avanzó en un segundo proceso constitucional y en mayo pasado eligió a nuevos redactores, la mayoría de tendencia opositora. De los 50 redactores de la nueva Constitución, 22 proceden del ultraderechista Partido Republicano y 11 de la derecha tradicional —que a menudo suma fuerzas con los republicanos—, mientras que el oficialismo de izquierda es minoría con 17 puestos.
¿LA NUEVA CARTA MAGNA, UNA AMENAZA EN EL TEMA DE ABORTO?
Aunque la nueva propuesta constitucional no incluye ninguna mención explícita al aborto, sí asegura a todas las personas el derecho a la vida e indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa mención, aunque muy similar, contiene un matiz a la de la carta magna vigente, en donde se recoge que “la ley protege la vida del que está por nacer”.
Para la consejera feminista María Pardo, militante del izquierdista partido Convergencia Social, ese cambio de palabras —"que" por “quien”— “hace referencia a la calidad de ser humano, persona, respecto de la vida del que está por nacer y eso va a tener un impacto en cómo se reciba eso a nivel legal". Para la activista, ese punto "obviamente, habilita la posibilidad de que retrocedamos en materia de los derechos de las mujeres”.
El oficialismo teme que, de aprobarse el artículo con esa redacción, pueda colisionar con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales: cuando peligra la vida de la madre, por inviabilidad del feto y en caso de violación.
Para el delegado conservador Arturo Phillips, “en ningún caso existe acá una derogación de la ley vigente, lo que nosotros no queremos es retroceder en el derecho a la protección de la vida”. Agrega que quien está por nacer “es sujeto de derecho y de protección, por parte del Estado”.
No obstante, el Código Civil chileno señala que “la existencia legal de la persona natural comienza al nacer y termina con la muerte”. Añade que, entre los requisitos, para la existencia legal están el que haya nacimiento y que el niño “sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre”.
Ya presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que cuando sean mayoría en el Congreso buscarán eliminar la ley de aborto en tres causales.
TENER UNA VIVIENDA ADECUADA, ¿UN DERECHO?
La nueva redacción constitucional incluye una propuesta sobre el “derecho a la vivienda adecuada” y precisa que el Estado promoverá, a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes “a la satisfacción de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad con la ley”.
Pero además incorpora un aspecto que ha resultado en polémica: el inmueble destinado a la vivienda principal “estará exento de toda contribución e impuesto territorial”.
Esa mención ha sido rechazada por la mayoría de alcaldes de Chile ya que el 58% de los ingresos municipales provienen de las contribuciones, afirmó Carolina Leitao, presidenta de la Asociación de Municipalidades.
Además, para el oficialismo, ese artículo favorecerá a las personas de altos ingresos que dejarían de pagar contribuciones por su primer inmueble. Según su criterio, debe mantenerse un impuesto territorial, pero considera inapropiado que quede consagrado a nivel constitucional.
El economista opositor José Luis Daza afirma que una constitución debe ser neutra en materia impositiva. “Es importante que la Constitución no sea un documento usado para imponer políticas públicas favorecidas por un sector u otro”. Para Daza, elevar a nivel constitucional la regulación del impuesto a propiedades “sienta un precedente muy peligroso" y "abre la puerta a que en el futuro políticos den rango constitucional a impuestos al patrimonio, a diferentes bienes o a subsidios”.
¿EN QUÉ POSICIÓN QUEDAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS?
La Constitución vigente no menciona a los indígenas, mientras el texto que se someterá a plebiscito los reconoce como parte de la Nación chilena, “que es una e indivisible”, y agrega que respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos, garantizados por la carta magna.
Además, reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos.
La propuesta constitucional que fue rechazada el año pasado reconocía también los sistemas de justicia indígenas y los situaba al mismo nivel que el sistema nacional de justicia. Además, consagraba 17 escaños reservados en el Congreso para esta población. En el nuevo proyecto, no constan ninguna de esas dos menciones.
¿BENEFICIA LA NUEVA PROPUESTA A CONDENADOS POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS?
Otro tema que ha generado fuerte polémica es el punto del texto que establece que los condenados que padezcan una enfermedad terminal podrán solicitar al tribunal respectivo la sustitución de la pena por “reclusión domiciliaria”. La Constitución vigente no contempla este punto.
El oficialismo se opone a este aspecto porque no excluye a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos —como los presos de la dictadura— que están cumpliendo condena en un penal exclusivo para ellos. Varios de ellos tienen patologías que son terminales.
¿LA PROPUESTA RESPONDE A LAS DEMANDAS DEL ESTALLIDO SOCIAL?
El nuevo proyecto de Constitución no da respuestas a las demandas de mejores sistemas de salud, pensiones o educación, entre otras, surgidas en el marco del estallido social de 2019.
El analista político Marcelo Mella, de la Universidad de Santiago, dijo a The Associated Press que las soluciones o propuestas para atender las principales exigencias de la calle en 2019 deben provenir de políticas públicas, ya que “no es realista suponer que incluyéndolas en la Constitución exista garantía de mejoramiento”.
¿QUÉ INDICAN LAS ENCUESTAS SOBRE EL PROYECTO CONSTITUCIONAL?
Diversas encuestadoras coinciden en que la mayoría de los consultados se muestra contrario al proyecto constitucional. El último sondeo de Cadem, del domingo, indica que un 28% votaría a favor del proyecto y un 53% en contra. El voto favorable subió siete puntos en dos semanas, aunque los expertos indican que no marca una tendencia.
Los partidos políticos negocian entre todos para buscar opciones que los lleven a evitar un segundo fracaso constitucional consecutivo.
¿QUÉ PASARÁ SI SE RECHAZA EL PROYECTO EN DICIEMBRE?
Si la nueva propuesta constitucional vuelve a ser rechazada por los chilenos en diciembre, seguirá vigente la Carta Magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet, que aunque ha experimentado decenas de cambios, sigue siendo rechazada por su origen.
La ley vigente no contempla avanzar hacia un tercer proceso constitucional, por lo que en caso de rechazo, la posibilidad de introducir cambios a la Constitución actual quedaría en manos del Congreso, según los analistas.