Acusan a “Alcatraz de los caimanes” en Florida de castigar a detenidos que buscan ayuda legal

Dos personas que estuvieron detenidas en un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, testificaron el miércoles que podían ser castigadas por buscar asesoría legal y que tenían que escribir números de teléfono de abogados en las paredes y camas usando jabón porque no tenían acceso a bolígrafo y papel.

Los dos hombres, uno deportado a Colombia y otro enviado de regreso a Haití, testificaron en video ante un tribunal federal en Fort Myers, Florida, que sus llamadas monitoreadas a personas fuera del centro de detención se cortaban cada vez que hablaban sobre buscar asesoría legal o intentar conseguir un abogado.

Durante una audiencia de dos días que comenzó el miércoles, los abogados de derechos civiles que representan a los detenidos buscaban una orden judicial temporal de la jueza federal de distrito, Sheri Polster Chappell, que garantizara que los detenidos en la instalación de los Everglades, administrada por el estado, tuvieran el mismo acceso a sus abogados que quienes están en los centros de detención administrados por el gobierno federal. La instalación de los Everglades fue construida el verano pasado en una remota pista de aterrizaje por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis.

En su demanda, los detenidos afirman que se están violando sus derechos consagrados en la Primera Enmienda constitucional. Dicen que sus abogados tienen que hacer una cita para visitarlos con tres días de anticipación, a diferencia de otros centros de detención de inmigrantes donde los abogados pueden simplemente presentarse durante las horas de visita, que los detenidos a menudo son transferidos a otras instalaciones después de que sus representantes legales han hecho una cita para verlos, y que los retrasos en la programación han sido tan largos que los detenidos no pudieron reunirse con sus abogados antes de fechas límite clave.

Durante la audiencia del miércoles por la mañana, los antiguos detenidos testificaron de forma remota desde sus países de origen usando traductores y solo sus iniciales para proteger sus identidades. Mientras estaba en la instalación, el antiguo detenido de Haití dijo que le pidieron firmar documentos que no entendía, y que resultaron ser papeles para autodeportarse a su país, donde temía regresar. Había solicitado asilo en Estados Unidos.

Luego le presentaron un segundo conjunto de documentos que alguien le explicó que lo llevarían a autodeportarse a México, los cuales firmó por miedo a regresar a Haití. Al final, fue enviado de regreso a su país, dijo.

Los funcionarios estatales demandados negaron restringir el acceso de los detenidos a sus abogados y dijeron que todos los protocolos se habían establecido por razones de seguridad y para asegurarse de que hubiera suficiente personal. Los funcionarios federales demandados dijeron que no se estaban violando los derechos de la Primera Enmienda.

“Además, cualquier política de Alcatraz de los caimanes respecto a las comunicaciones entre abogado y detenido es válida siempre que se relacione razonablemente con un interés penitenciario legítimo”, escribieron.

El tercer testigo en declarar el miércoles fue Juan López Vega, subdirector de la oficina de campo de las operaciones de ejecución y remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, quien intentó sin éxito anular una citación que lo obligaba a presentarse ante el tribunal. Aunque su trabajo incluía la supervisión de los detenidos en la instalación administrada por el estado, testificó que había visitado el centro solo una vez.

El caso forma parte de tres demandas federales

El caso sobre el acceso al sistema legal fue una de tres demandas federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes. En otra demanda presentada por detenidos en un tribunal federal en Fort Myers se argumentó que la inmigración era un asunto federal, y que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tenían autoridad para operar la instalación de conformidad con la ley federal. Esa demanda terminó a principios de este mes cuando el inmigrante detenido que presentó el caso acordó ser retirado de Estados Unidos.

En la tercera demanda, un juez federal de Miami ordenó el verano pasado que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses porque los funcionarios no habían realizado una revisión del impacto ambiental del centro de detención. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión, permitiendo que la instalación permaneciera abierta.

Florida supera a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la ofensiva contra la inmigración del presidente Donald Trump. Además de la instalación de los Everglades, que recibió a sus primeros detenidos en julio, Florida inauguró un centro de detención de inmigrantes en el noreste de Florida y actualmente estudia la creación de una tercera instalación en el Panhandle de Florida.

Además de la instalación de los Everglades, otros centros de detención que reciben atención no deseada son las instalaciones del ICE en la base del Ejército de Fort Bliss en El Paso, Texas, una en Miami, y otras en California City y Adelanto, ambas en California. Las quejas más comunes incluyen comida inadecuada e insuficiente y falta de acceso a abogados.

La población de detenidos del ICE, que excluye a Alcatraz de los caimanes y otras instalaciones administradas por el estado, se ha duplicado hasta alcanzar aproximadamente 70.000 internos desde que Trump asumió el cargo hace un año, impulsada por una inyección única de 45.000 millones de dólares para la detención de inmigrantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.