Perú prohíbe libertades en carreteras para frenar protestas

El gobierno prohibió el jueves varias libertades en las carreteras más importantes de Perú con el fin de frenar los bloqueos contra el alza en los precios del combustible, alimentos y fertilizantes, un hecho que ha desatado exhortaciones para que se cierre el Congreso y el mandatario Pedro Castillo cumpla sus promesas o renuncie.

El decreto firmado por el presidente y publicado en el diario oficial El Peruano incluye restricciones a la libertad de reunirse, y también permite que durante un mes la policía pueda efectuar detenciones en cualquier parte de los más de 24.000 kilómetros de la red vial sin necesidad de tener autorización de un juez, así como la aplicación de restricciones al libre tránsito.

La decisión gubernamental fue anunciada en medio de protestas que empezaron la semana pasada en varias regiones del país, organizadas por gremios del transporte público, camioneros, maestros y ciudadanos hartos de la incompetencia del gobierno y del Congreso para enfrentar el alza de los precios.

El mandatario visitó el jueves un coliseo en la ciudad de Huancayo, donde se disculpó por calificar a los bloqueos de carreteras de “malintencionados” y a los dirigentes de las protestas de “pagados”. Un joven con discapacidad, José Sánchez, pidió al ejecutivo y al Congreso no pelear “como perros y gatos”, sino buscar el diálogo, así sean de derecha o izquierda.

Durante la jornada hubo protestas en varias regiones del país, incluidas Cusco, Iquitos y la capital. En Lima los manifestantes gritaban “¡el pueblo exige el cierre del Congreso!” y pedían a Castillo cumplir sus promesas.

Lucio Castro, dirigente del SUTEP, el mayor sindicato de maestros, pidió que el gobierno “se rectifique” y exigió que “tenga un plan o una fórmula que enfrente la crisis, que enfrente la inflación, y eso lamentablemente no está sucediendo”.

El presidente decretó de forma sorpresiva el martes una prohibición de salir a las calles por 22 horas, lo que provocó la ira de sectores de la población de Lima, que de todas formas se manifestaron y le pidieron que renuncie. Presionado por la desobediencia, Castillo tuvo que anular la decisión 15 horas después de que entró en vigor. Un grupo de vándalos destruyó los vidrios de las oficinas de la Corte Superior de Justicia y la fiscalía, y robaron licor, cigarrillos y peluches de una tienda.

El gobierno dijo que el alza de los precios del combustible, alimentos y fertilizantes ha sido provocada por los efectos de la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Parlamento y Castillo son impopulares entre los peruanos. Un sondeo de la firma Datum Internacional publicado el jueves por el diario Perú21 arrojó que el Congreso —que ha intentado destituir a Castillo en dos ocasiones— alcanza 82% de desaprobación, mientras que el mandatario enfrenta el 76%.

Expertos independientes han criticado a Castillo por su descuido al nombrar funcionarios incompetentes para puestos clave, y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía que serán activadas al finalizar su mandato. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial, lo que ha implicado la rotación de unos 50 ministros.

Cynthia McClintock, profesora de ciencia política de la Universidad George Washington y estudiosa de la política peruana, dijo en un blog del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University que Castillo "prioriza la lealtad y no la capacidad", y añadió que la presidenta del Parlamento María Alva es “percibida como arrogante y grosera”.

“Los peruanos están frustrados y enfadados mientras la guerra en Ucrania eleva los costes del combustible y la agenda de Castillo se estanca. Nuevas elecciones pueden ser el único camino a seguir”, dijo McClintock.

El mandatario, exdirigente de un sindicato de maestros y el primer presidente de origen campesino en Perú en 200 años, inició su gestión el 28 de julio de 2021, la cual deberá concluir en 2026.