Operador de ferris en Gran Bretaña debe explicar despidos

Un operador de ferris propiedad del gobierno de Dubái tiene hasta este martes para explicar por qué despidió a 800 trabajadores sin aviso previo, al tiempo que las autoridades británicas dijeron que pudieran solicitar sanciones penales si se concluye que la compañía actuó ilegalmente.

P&O Ferries despidió a los tripulantes en una llamada de Zoom la semana pasada y entonces envió a equipos de seguridad a los barcos para desalojar a los trabajadores, desatando protestas en puertos en todo el Reino Unido. Los gremios dicen que sus miembros han sido remplazados por trabajadores extranjeros contratados a través de una agencia y a quienes se les pagan 2,38 dólares por hora.

El gobierno británico le informó a P&O que la compañía parece haber violado reglas que requieren que los empleadores consulten con sindicatos y notifiquen a las autoridades antes de despedir a números grandes de trabajadores. El gobierno quiere saber por qué la compañía cree que las reglas no le son aplicables.

“Es importante que recibamos los detalles exactos y necesitamos colectarlos en un lugar, porque hay sanciones criminales en este asunto, incluyendo una multa ilimitada”, dijo el ministro de Negocios Paul Scully, que es responsable de asuntos laborales, en declaraciones a Sky News.

La ley británica requiere que los empleadores consulten con sindicatos y paguen el salario mínimo, ahora de 8,91 libras (11,75 dólares) por hora para los trabajadores de 23 años o más. Pero las compañías marítimas que navegan aguas internacionales pueden evadir esas reglas registrándose en otros países.

P&O Ferries sirve puertos en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Holanda. Es propiedad de la compañía global de logística DP World, una unidad de Dubai World, que es a su vez propiedad del gobierno del emirato.

El lunes, legisladores criticaron al gobierno británico por no actuar para frenar los despidos, aunque tenía conocimiento anticipado de los planes de la compañía.

La portavoz del Partido Laborista para asuntos de transporte, Louise Haigh, dijo que había obtenido un memorándum que mostraba que el gobierno estaba al tanto de los planes de P&O, pero que el documento no expresaba preocupación por la medida.