La OEA aprueba resolución de apoyo al gobierno de Perú

La Organización de los Estados Americanos aprobó el jueves por aclamación una resolución de apoyo al gobierno de Perú y pidió la preservación de la institucionalidad democrática tras las acusaciones que el presidente Pedro Castillo ha recibido durante meses por parte de la oposición y la fiscal federal de su país.

La resolución se votó después de que un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera que Perú vive un escenario de “crisis constitucional”.

La resolución pide que las acciones de “todos los actores" en Perú se enmarquen en el “respeto al Estado de Derecho”. También destaca artículos de la Carta Democrática Interamericana que reconocen “la subordinación” constitucional de todas las instituciones del Estado “a la autoridad civil legalmente constituida”.

En 14 meses de gobierno Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de la oposición en el Congreso. A su vez la fiscal general Patricia Benavides lo ha denunciado ante el Parlamento para poder investigarlo por presuntos delitos de corrupción.

Al mismo tiempo Benavides lleva adelante cinco investigaciones preliminares sobre Castillo por los supuestos delitos de organización criminal y corrupción, así como otra indagación adicional por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.

El gobierno ha respondido denunciando ante el Congreso a la fiscal general por supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Se indica que la denuncia contra Castillo es “puramente política” y forma parte de “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno”.

En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la Constitución en su artículo 117 dice que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del parlamento por casos diferentes a los permitidos o no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del parlamento o de los organismos electorales.

El primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el guatemalteco Stuardo Ralón, dijo durante la reunión en la OEA que la institucionalidad del Perú “está en riesgo”. Ralón estuvo recientemente en el Perú.

“Dichas irrupciones generadas en un concepto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país”, dijo Ralón. "Pudimos constatar de primera mano que esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y ha suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia y también ha debilitado la confianza en las instituciones públicas”.

La resolución aprobada el jueves conforma designar un grupo de alto nivel, formado por representantes de los Estados miembro, para visitar el Perú y hacer un análisis de la situación. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue solicitada por Castillo para que se aplicara la Carta Democrática Interamericana y así se preservara el legítimo ejercicio del poder en el Perú, dijo la OEA.

La fiscalía peruana indicó el miércoles en Lima, en una reunión informativa con la prensa internacional, que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido corrupción.

Según la ley, una subcomisión parlamentaria analizará la denuncia constitucional de la fiscal general y del mandatario. Los resultados podrían durar dos meses y son inciertos porque incluso dentro de la subcomisión de 25 miembros ni el oficialismo ni la oposición tienen mayoría consolidada.

El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.

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El periodista de Associated Press en Lima, Franklin Briceño, contribuyó con este reporte.