Legisladores estadounidenses inconformes ante nueva política energética de México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el sábado con vehemencia las quejas de un grupo de 43 legisladores estadounidenses sobre la política del gobierno que favorece a las empresas estatales en el mercado energético.

Seis senadores estadounidenses y 37 representantes escribieron esta semana al presidente Donald Trump quejándose de las "acciones del gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y socavan el espíritu del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá" que entró en vigencia este año.

López Obrador rechazó las quejas y dijo que su administración continuaría dando preferencia a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos y a la empresa eléctrica estatal, argumentando que el tratado de libre comercio no cubría el sector energético de México.

“En línea con el marco legal que tenemos, vamos a dar preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que quede claro”, dijo López Obrador en un evento el sábado que marcó el reinicio de una antigua central eléctrica a carbón en el norte de México.

López Obrador ha rechazado los argumentos ambientales contra las plantas de generación de combustible y carbón sucio y envejecidas del gobierno, diciendo que debido a que son propiedad del gobierno, el gobierno debe defenderlas.

“¿Cuál es entonces el papel del gobierno? ¿Para proteger intereses privados? ¡No!”, dijo el presidente. “Los únicos negocios que deberían interesar a los servidores públicos son las empresas estatales”.

López Obrador ha hecho de los combustibles fósiles y las empresas estatales los ejes centrales de su política económica.

La administración anterior había aprobado aperturas del sector energético en 2014, en virtud de las cuales se permitía a las empresas privadas construir plantas renovables y de gas más limpias en México y vender su electricidad a la red eléctrica. Pero López Obrador dijo que a las empresas privadas se les habían otorgado contratos favorables que les quitaban participación de mercado a las empresas estatales y que han tratado de hacer retroceder esos contratos.

En mayo, el gobierno mexicano citó la pandemia de coronavirus como una justificación para las nuevas reglas que redujeron el papel de las energías renovables como la solar y la eólica, otorgando un respiro a las propias plantas de energía de combustibles fósiles del gobierno.

El decreto provocó indignación entre los inversionistas mexicanos y extranjeros a quienes se les había permitido vender su energía a la red operada por el gobierno.

Las asociaciones de la industria dijeron que los cambios en mayo afectarían a 28 proyectos solares y eólicos que estaban listos para entrar en línea, y 16 más en construcción, con un total de $6.4 mil millones en inversiones, gran parte de ellas de empresas extranjeras.

En su carta, los legisladores estadounidenses escribieron que hay evidencia de que el partido Morena de López Obrador podría intentar revocar las reformas de 2014 “y buscar renunciar a todos los contratos actualmente vigentes”.

"Las empresas estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y en Estados Unidos para importar combustible de nuestras refinerías para satisfacer la demanda mexicana", según la carta.

“Estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, si no la letra, del T-MEC”, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México y Canadá que entró en vigor en julio, continúa la carta. “Nos preocupa profundamente que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y lo instamos a encontrar una resolución con el Gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales que brinda el marco regulatorio de la Reforma Energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadounidenses que operan y compiten en Mexico."